Hechos contra palabras

La necesidad de actuar contra el cambio climático es uno de los ejes de la política socio-económica actual. El debate sobre la importancia misma del fenómeno del calentamiento global supone un desafío científico. Si se admite, al menos como tesis general, que existe ese calentamiento y que es producido por las actuaciones del hombre sobre la biosfera, se entiende que es preciso actuar, adoptar medidas que palíen el progresivo aumento de la temperatura en la tierra.

Y es en ese binomio, formado por la aceptación de la tesis del calentamiento global y los menajes enviados a través de las decisiones que se adoptan, donde surgen las contradicciones y hace que puedan parecer negacionistas de hecho, que no de palabra, quienes alertan sobre los males que se pronostican.

Una vez aceptado el hecho de que la quema de combustibles como el carbón, petróleo, etc. son causa de que el planeta Tierra padezca un calentamiento que amenaza la biodiversidad, e incluso la supervivencia de una parte del territorio costero, lo coherente es actuar en consecuencia. Se adoptan medidas para frenar la quema de petróleo con fuertes restricciones a la circulación de vehículos, se cierran las centrales térmicas de carbón, se eliminan los planes para construir nuevas centrales nucleares y se cierran las que están en servicio, se prohíbe la extracción de crudo y gas mediante el frácking, etc.

Esas medidas afectan a las personas de manera directa y dejan a los gobernantes con la etiqueta de conservadores de la naturaleza y luchadores por el bien común. Cuando se realizan análisis más detallados surgen las contradicciones. Los ejemplos los tenemos en España y el Cantabria.

Aceptada la tesis del calentamiento global, los gobiernos autonómicos de las comunidades en las que existen estaciones de esquí deberían trabajar, desde hoy mismo, en desmantelar paulatinamente esas instalaciones y preparar los terrenos para otros usos que permitan la supervivencia económica de terminadas comarcas. Por el contrario, tanto las regiones pirenaicas, como la propia Cantabria, perseveran en su apuesta por las estaciones de esquí, invirtiendo en mejoras y con proyectos de crecimiento.

Esa línea de actuación discrepa frontalmente con la evidencia del cambio climático. Naturalmente que a nadie se le ocurre manifestar que esos hechos, frente a las palabras, sean una prueba de que los gobiernos regionales de Cataluña, Andalucía, Aragón, Navarra, Cantabria, etc. sean negacionistas. La divergencia entre los hechos y los eslóganes se acepta con naturalidad.

Otro ejemplo de la diferencia entre palabras y hechos la encontramos en la posición de los ayuntamientos de Cantabria y del propio gobierno autonómico con el tratamiento real a la construcción de parques que generen energía de manera limpia, sin producir gases de efecto invernadero. En Cantabria apenas si existe, en el presente, un pequeño parque eólico. En el resto de España se han construido muchos y merced a ellos una buena parte de la electricidad que recibimos en las industrias y hogares procede de fuentes limpias.

La distancia abismal entre eslóganes como 'energía limpia', 'freno a la emisión de CO2l, 'clausura de las centrales térmicas', etc. y los hechos es manifiesta. Cuando una empresa plantea producir electricidad aprovechando la fuerza del viento, como se hizo durante siglos, los mismos que se postulan defensores del ecologismo, se niegan a aceptar que se instalen aerogeneradores en su territorio. Entonan los manifestantes aquellos viejos cuentos, que se cerraban en bucle para no comenzar nunca. La frase es «aerogeneradores sí, pero no aquí»… para nunca decir donde sí aceptarían los nuevos gigantes que desafiaran a don Quijote.

Los 'expertos' decretan el final de los coches con motor de combustión para dentro de pocos años y, en el lapso intermedio, exigen que determinadas zonas de las ciudades queden vetadas para los automovilistas, a no ser que se gasten una buena partida de miles de euros para adquirir un costoso vehículo eléctrico. Impiden que las personas con menor poder adquisitivo puedan acceder a los barrios nobles. Se conserva el medio ambiente a cambio de generar una ingente desigualdad. Tampoco explican la solución al almacenamiento de millones de baterías de gran tamaño que generarán esos vehículos eléctricos.