Secciones
Servicios
Destacamos
El título de esta columna no es en absoluto original. Es una ligera modificación de la frase que definió muy bien, y desde época temprana, ... la esencia del comunismo y tiene historia: En 1920, Fernando de los Ríos, diputado del Partido Socialista Obrero Español, viajó a la Unión Soviética. En una entrevista con Lenin, el dirigente socialista le preguntó cuándo tendrían libertad los ciudadanos soviéticos, a lo que, según De los Ríos, Lenin respondió: «Libertad, ¿para qué?». La conclusión inmediata ante esta respuesta es, sin duda, que la URSS era una dictadura y que Lenin pensaba mantenerla.
A pesar de la evidencia de la dictadura de Stalin y la posterior de Nikita Jruschchov, los comunistas mantuvieron su prédica del paraíso del 'socialismo real'. Ahora esa respuesta de Lenin bien puede adaptarse cambiando el término libertad por el de Parlamento.
En la España de hoy cabe preguntarse si mantener abierto el Parlamento tiene alguna utilidad. Hemos llegado al punto de interrogarse sobre la vigencia del Parlamento. Esto es gravísimo ya que la democracia tiene su asentamiento en el poder del pueblo, que se articula mediante la elección de representantes libremente elegidos. Esos representantes son los que forman el Parlamento en el que se elaborarán las leyes, se elige al Gobierno y se le controla.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dado muestras inequívocas de no contar con el Parlamento y que está dispuesto a gobernar al margen de la soberanía popular. Y en esta situación cabe preguntarse: ¿para qué se mantiene activo el Congreso de los diputados?
El ejemplo más nítido de que el Gobierno no respeta la soberanía popular lo tenemos en la ley de los Presupuestos Generales del Estado. La Constitución contiene, entre sus diferentes artículos, uno en el que se obliga –no se sugiere, se manda– que el Gobierno presente ante el Parlamento el presupuesto antes de iniciarse el año. Una vez presentado se aprobará, o no, pero el mandato es nítido. El Gobierno no envió a la Cámara esa ley ni en el año 2023 ni en el 2024, pero ese quebranto de la Constitución no tiene consecuencias.
En cualquier país la ley de presupuestos es fundamental, ya que en ella el poder ejecutivo presenta, ante los representantes del pueblo, sus proyectos y sus disposiciones de gasto para el año siguiente. Incluso en la época medieval ese acto era muy importante porque las cortes de Castilla autorizaban a los reyes a repartir el gasto y, en consecuencia, la recaudación de tributos.
Si este grave incumplimiento de la Carta Magna no fuera suficiente argumento para comprender que el Parlamento es ahora una cámara inoperante, resulta que una de las cuestiones más trascendentales, la política de defensa, tampoco se analizará en el lugar en el que reside la soberanía popular.
Al margen de que la Unión Europea defina con detalle cuál será el porcentaje de la riqueza nacional que se destinará a la compra de armas, resulta imprescindible que el Parlamento español decida las líneas maestras de la defensa. Aclarar si, como quieren algunos partidos representados en la Cámara, es preciso salir de la OTAN para acentuar el desarme y la neutralidad o si, por el contrario, se admite que estos últimos años se ha descuidado el ejército y ahora toca volcarse en ese sector.
Los españoles representados en la carrera de San Jerónimo deben recibir la información que tiene el Gobierno para adoptar una decisión esencial: ¿Invertimos más en armas para dotar mejor a nuestras fuerzas armadas u optamos por confiar en la buena voluntad de otros países y no reforzar el ejército? El sistema democrático español tiene su piedra angular no en el presidente del Gobierno –no estamos en un marco presidencialista– sino en los representantes de los españoles y por ello no es posible hurtar los asuntos más importantes a la Cámara baja.
Las Cortes españolas deben ser informadas y decidir sobre las cuestiones esenciales y nada más importante que la ley de presupuestos o resolver la dicotomía entre invertir algo más en armas o reducir ligeramente ayudas y subvenciones. Es más, en cuestiones medulares debería llegarse a un punto de encuentro entre las dos fuerzas políticas con mayor representación (PP y PSOE) como sostiene con brillante doctrina jurídica el profesor de la UC Josu de Miguel. Estudiar la forma de que el camino a emprender cuente con una sólida mayoría, de forma que una alternancia en el Gobierno no modifique la posición de España.
El Ejecutivo, en democracia, no debe eludir su sometimiento al Parlamento y gobernar con la idea de atender a la mayor parte posible de los ciudadanos. Los asuntos de especial trascendencia requieren de información cristalina para con ella buscar el mayor apoyo posible en la toma de decisiones.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.