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Una de las claves de la democracia reside en la información. Los dueños de la gobernanza son los ciudadanos que votan en libertad y para que su decisión sea correcta es imprescindible que lo hagan desde una información. Los medios informativos, especialmente los periódicos, son ... instrumentos esenciales para que los votantes reciban noticias contrastadas y puedan tener una idea global sobre la que emitir su sufragio. Que se eviten las falsas informaciones, las manipulaciones que abundan en las redes sociales.
El Diario Montañés ofrece información cierta y contrastada y de ella se desprenden análisis. El pasado día 7 de noviembre, aparecía un titular en su portada: «La Administración regional alcanza el récord de 25.386 empleados públicos». A esa cifra se añadía otra: «Los ayuntamientos tienen otros 5.500 empleados y 4.525 dependen del Estado». La suma supera los 30.000.
En el cuerpo de la noticia aparece un gráfico revelador. En el año 2014, la cifra trabajadores que reciben su sueldo, con el dinero de los impuestos de todos los cántabros era de 20.000. Desde ese año la línea sube sin parar hasta llegar a los 25.386. A los que se deben sumar los cinco mil de los municipios.
Otra cifra interesante es la que indica que hace veinte años (en 2002) Cantabria contaba con 15.506 funcionarios y desde entonces ha crecido en nada menos que 10.000 empleados. El gráfico muestra con claridad que la tendencia sigue en alza y que lo más probable es que siga engordando el sector público.
Una conclusión a vuelapluma es que los aparatos gubernamentales crecen de forma desproporcionada. Quienes quieren una lectura positiva de las cifras podrían argüir que con ese incremento de personal tendremos más enfermeras, médicos y personal sanitario. Pero no. En la relación de los diferentes servicios del Gobierno solamente dos epígrafes presentan una reducción de personal: La Consejería de Salud y el Servicio Cántabro de Salud.
Las paradojas al respecto son claras. Mientras que cada vez hay menos alumnos y la población está más envejecida y demanda por ello más atención médica, resulta que crece el personal educativo y disminuye el sanitario. Por no hablar del aumento de trabajadores de otros departamentos como la Consejería de Presidencia o de Fomento.
Si queremos completar la visión de la realidad es imprescindible añadir, a esa cifra de 30.000 trabajadores públicos, el importante volumen de quienes cobran la nómina en empresas públicas como Mare, Cantur, Sodercan... que funcionan como si fueran privadas, contratan y gestionan como cualquier ente de negocios, pero son parte del entramado de los servicios públicos.
El nuevo gobierno regional no ha tomado medidas para reducir el tamaño del conglomerado administrativo. Se mantienen desde el número de consejerías y altos cargos hasta el de empresas públicas. No parece que al PP, siempre en defensa de la reducción del cada día mayor peso del sector público, le interese tomar medidas en este sentido. Quizás la presión de su socio, el PRC, sea parte de la causa de este continuismo en materia del tamaño de la Administración.
Una conclusión lógica de estos datos es que, contra la tesis de determinados grupos políticos y colectivos sindicales, «lo público» no solamente no está en riesgo de reducirse, sino que goza de excelente salud.
Cuando se aborda el problema de la carencia de fondos para determinados proyectos o para mejorar algunos servicios, es preciso mirar hacia los gastos qué sí pueden reducirse o, al menos, evitar que sigan creciendo. El aumento del número de trabajadores que, de una u otra manera, reciben sus emolumentos del dinero que todos pagamos con los impuestos, supone una fuerte carga y ralentiza el desarrollo. La austeridad y la eficiencia se alejan, cada vez más, de la gestión de los diferentes gobiernos, nacionales y municipales.
Los políticos deberían plantearse un programa para reducir el tamaño de una Administración que se autoalimenta y que, con la idea, evidentemente necesaria, de regular e inspeccionar determinados asuntos, genera un macro aparato de un coste disparatado.
Los números sobre el crecimiento del sector público en Cantabria son una señal de que ha llegado la hora de revisar el tamaño de una Administración elefantiásica. No tiene sentido que, con ese incremento de empleados, las listas de espera en sanidad crezcan, los plazos para obtener una licencia para poder abrir un comercio o para poder realizar una obra se dilaten hasta el absurdo y aprobar un plan general de ordenación urbano suponga décadas de trámites. Es obvio que algo no funciona bien.
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