Entre lo público y lo privado

La negociación, que aún está viva entre las más importantes compañías de seguros sanitarios y Muface, desvela una segunda consecuencia de la posible ruptura del actual estatus que obligue a que los empleados públicos pierdan su seguro privado y pasen a ser beneficiarios de los servicios regionales de sanidad. En Cantabria, esto afectaría a varios miles de personas que engrosarían las consultas de atención primaria y los hospitales.

Esta posibilidad del pase de muchos funcionarios a la sanidad pública ya ha desatado la alarma por la posible saturación de los servicios de salud, servicios que ya en la situación presente ofrecen listas de espera muy sobrecargadas y con plazos para prestar atención realmente imposibles.

El final de la atención a los pacientes, por médicos privados, a un buen número de empleados públicos se ha visto, con realismo, como una amenaza para garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario español y en el cántabro en particular. Una prueba evidente de la ayuda de la sanidad privada al conjunto de los españoles. El problema que se puede generar con la integración, a la que tienen derecho los empleados públicos, indica que las diferentes empresas de salud alivian de manera significativa la saturación de los centros sanitarios.

Se constata con claridad que la dualidad de un sistema sanitario universal y gratuito –el mejor valor del Estado de bienestar– con un creciente servicio paralelo de atención privada es imprescindible. Al mismo tiempo, queda constatado que el actual modelo de atención sanitaria no sería sostenible sin el apoyo de los seguros sanitarios que muchos cientos de miles de españoles han contratado y costeado como complemento a su asistencia en los consultorios y hospitales públicos.

Cada vez que una persona acude a su médico a través de un seguro privado descarga a los muy saturados consultorios del Servicio Cántabro de Salud o de los similares en otras autonomías. Los pacientes que son intervenidos en los hospitales de las aseguradoras liberan plazas para que las listas de espera se reduzcan. Esta dualidad es una forma de solidaridad voluntaria.

La administración del dinero público debe ser justa y equilibrada. Y no solamente en aquello que atañe a la recaudación, sino también en el gasto. La finalidad es prestar el mejor servicio y que resulte lo más barato posible. La 'privatización' de muchos servicios es ya una realidad incuestionable. La seguridad de los centros públicos la prestan, desde hace años, las distintas empresas de seguridad privada con vigilantes jurados. Lo mismo sucede con las contratas para la recogida de basura o la limpieza de los diferentes edificios ocupados por la administración. La experiencia demuestra que determinadas actividades son manejadas con mejor criterio por empresarios que por empleados públicos y que lo importante es que el ciudadano reciba la mejor atención posible.

Esta misma forma de ofrecer a los españoles un servicio de calidad, con un coste que sea lo más competitivo posible, debe aplicarse sin prejuicios. Los responsables de los diferentes gobiernos (nacional, regional, municipal…) tienen la obligación administrar de la forma más eficiente los recursos, el dinero que pagamos a través de los impuestos.

La crisis creada por la decisión de las aseguradoras sanitarias de rescindir el contrato con Muface, que obligará a la sanidad pública a asumir unos cientos de miles de nuevos usuarios, es un buen ejemplo de que el camino es el de la colaboración entre lo público y lo privado con el objetivo de que los españoles disfruten de la mejor atención. Lo que sucede en la sanidad es extensible a la educación y a otros ámbitos.

Quienes, desde un liberalismo salvaje consideran que todo debe ser gestionado fuera del ámbito público, se equivocan, lo mismo que los que rechazan siempre que los empresarios presten servicios a la comunidad. La colaboración entre el Estado y los empresarios es la fórmula que ha demostrado ser más eficiente.