Recortes de prensa, papelucos

Desde el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez se activa un proyecto de ley que quiere coartar la libertad y la iniciativa de las personas, una ley que parece escrita contra la democracia, contra el precepto de que el poder reside en el pueblo. Una ley que considera que lo que se publica en los periódicos, televisiones, emisoras de radio o redes sociales son meros 'recortes de prensa', una forma despreciativa de hacer referencia a informaciones emitidas desde la radio o la TV o las redes sociales. En paralelo a esa mutilación del poder del pueblo se quiere aprobar una ley que restrinja la denuncia por algunos colectivos, ante el peligro de que se pueda abusar de ese derecho.

Algunos ministros lo han explicado con desparpajo: No se deben tener en cuenta denuncias basadas en «recortes de prensa». La falta de memoria es proporcional al intento de preservar la impunidad de los gobernantes. No es preciso mencionar en extenso que esos «recortes de prensa» han sido el germen de importantes procesos, que concluyeron en condenas contra políticos relevantes por sus delitos.

Recuerdo una intervención, en un programa de la cadena SER, en la que varios periodistas conversamos con Luis Roldán, cuando era director general de la Guardia Civil, y 'Diario 16' –periódico desaparecido– denunciaba de forma incipiente las irregularidades cometidas por Roldán desde su cargo. Aquellos «recortes de prensa» produjeron una investigación que puso al descubierto el saqueo de los fondos destinados a construir cuarteles, mejorar la dotación de los agentes, etc.

La relación de casos destapados por los periodistas o por la denuncia de asociaciones es larga, muy larga: Filesa, Time Sport, Boletín Oficial del Estado, ERE's de Andalucía, el caso Bárcenas, las condenas por el robo de la trama Gürtel, el 'tres por ciento' de Pujol, el proceso y condena a Iñaki Urdangarín… Es más, algunos casos de corrupción fueron denunciados por alguna persona a título particular y se hubieran quedado varados en el laberinto judicial a no ser por las publicaciones de los medios de comunicación.

Desde el Gobierno se esgrime el argumento de que las acusaciones son una herramienta para hacer política a través de denuncias que carecen de sustento y credibilidad. Naturalmente que se han dado casos en los que las acusaciones se demostraron carentes de base. Toda norma es susceptible de utilizarse de forma espuria. Para eso están los jueces ya que ante una denuncia presentada con «recortes de prensa» es el magistrado quien valora esos indicios y decide proseguir la investigación o la deshecha si carece de sustento.

El trabajo de la policía y la justicia consiste en investigar los casos en los que hay indicios de delito o sobre los que se ha presentado una denuncia. Con lo averiguado será el juez quien decida, primero si admite a trámite la denuncia o, por el contrario, al no apreciar indicios suficientes la descarta. Después, si el magistrado considera que el asunto merece ser investigado, se abre el procedimiento que puede prosperar, hasta llegar a la imputación de los autores, o ser finalmente archivado. Una vez superados esos controles será otro juez quien decida y condene o absuelva a los imputados. Aun así, existe la posibilidad de recurrir a otras instancias superiores.

Las garantías son muchas y por tanto no tiene sentido eliminar el derecho de cualquier español a llevar ante la justicia cualquier asunto, ya que serán los jueces quienes estudien el caso, desde el principio, y determinen si hay base suficiente para abrir un procedimiento.

Las informaciones de los medios de comunicación no son meros «recortes de prensa». Son indicios de que se ha cometido alguna ilegalidad. Es más, en ocasiones los periodistas han aportado pruebas sobre acciones punibles. No es necesario recurrir a la extensa relación de casos denunciados por periodistas que terminaron en graves condenas. Podemos remontarnos desde el caso Watergate investigado por dos redactores del Washington Post, hasta el del asesino de ancianas de Santander que desvelaron dos periodistas de El Diario Montañés.