Reducir el gasto público

En algunos casos las peticiones se han cumplido anticipadamente y los regalos se han materializado en los prolegómenos de la Navidad: el gobierno regional ha anunciado que uno de esos regalos es la compra de cuatro edificios para consolidar la pléyade de empleados públicos e incrementar el extenso catálogo de inmuebles dedicados a la función pública. La sede, de varias plantas, en la Plaza Porticada, que ha ocupado durante muchos años la Cámara de Comercio; el edificio de la ingeniería Apia XXI, en el Parque Científico y Tecnológico; el inmueble que ocupó la empresa CTC, también en el PCTCAN y el edificio del diario 'Alerta', en el Primero de Mayo, serán adquiridos por el gobierno regional por un importe de 23,6 millones de euros. Un buen lote de regalos para engrosar a los administradores, mientras los administrados disminuyen.

La razón aducida para ese incremento del patrimonio público es que se ahorrarán alquileres y pronto la inversión se habrá amortizado. Lo cierto es que la expansión de despachos, oficinas, almacenes y talleres del Gobierno suponen una carga para las cuentas de la comunidad autónoma y una consolidación de la amplia nómina de empleados que experimenta un aumento cada año.

La decisión de aumentar el catálogo de edificios públicos es un ejemplo más del incremento del gasto público, que dicho de otra manera significa detraer del bolsillo de los cántabros dinero para que los gobernantes lo gasten aumentar el tamaño de sus sedes. Y en ese punto es dónde aparece el núcleo central, que no es otro que la justificación de ese imparable gasto público que parece no tener fin. Es más, los gobiernos, en todos sus niveles, presumen de que el año próximo gastarán más que el anterior y que ese gasto es señal de que todo va mejor.

Junto a este aumento de los inmuebles destinados a la función pública vemos como cada año la nómina de empleados al servicio de lo público crece, sin que parezca tener tope. Ante esta tendencia a la elefantiasis de la administración es llegado el momento de señalar que el crecimiento del gasto no conlleva siempre una mejora de los servicios, sino que en ocasiones es un despilfarro que no aprobaría el consejo de administración de una empresa privada.

Los gobiernos, en todos sus niveles, deben racionalizar el gasto y para ello se requiere una férrea voluntad de cortar cualquier actividad que no sea imprescindible y, en el momento de presupuestar las cuentas de cada año, revisar a fondo cuales son las partidas que pueden recortarse. También buscar alternativas para prestar servicios en colaboración con la empresa privada, que es capaz de llevarlos a cabo con menor coste.

Quienes tienen en sus manos el dinero que aportamos los ciudadanos deben administrarlo con máxima prudencia. Desprenderse de la ideología y buscar la eficiencia, que se define muy bien en la frase 'hacer más con menos', porque lo contrario no tiene mérito ni acredita una gestión adecuada de las arcas públicas.

Un análisis objetivo del cumplimiento de los presupuestos debe ser una herramienta adecuada para extraer conclusiones y encontrar el camino para suprimir gastos superfluos y dejar de lado la idea de que mayores partidas en gasto corriente e inversiones siempre resultan eficaces, así como determinar aquellas tareas que siendo de competencia pública pueden ser llevadas a cabo por empresas privadas con un menor gasto.

No es sostenible una comunidad en la que se aumenta el entramado público, que se financia con el dinero de quienes trabajan en el sector privado, sin que se mantenga el necesario equilibrio con quienes tienen que contribuir a sufragar esos gastos. Del mismo modo, la gestión del sector público debe analizar sus bolsas de patrimonio que llevan años improductivas para venderlas si no son necesarios esos bienes, de forma que se racionalice el gasto y no recaiga siempre el peso sobre los ciudadanos. Además, el cierto que el Estado está obligado a prestar determinados servicios y lo mismo las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero eso no supone que lo deban llevar a cabo funcionarios.

Lo que necesitan las personas es que el Estado atienda los servicios con el menor coste posible.