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Si hubiera que catalogar, en grado de intensidad, los errores de los gobernantes, uno de los más graves sería el de desaprovechar las oportunidades que se presentan. Mantener activos improductivos y propiciar aquello que en el siglo XIX se denominó como 'manos muertas' es una ... pésima praxis. Un ejemplo lo tenemos en Santander con la finca de La Remonta, un terreno de enorme extensión, con acceso desde tres vías y ubicado en un lugar idóneo para un ordenado crecimiento de la ciudad.
Las instalaciones militares hace ya muchos lustros que dejaron de tener utilidad para las fuerzas armadas y, hasta su definitivo cierre, eran realmente más una granja para criar caballos destinados a la reproducción que una instalación militar. Cuando finalmente el Ministerio de Defensa vació despachos y cuadras, un activo de gran valor quedó sin uso. Desde el primer momento se sabía que era el lugar ideal para que la capital de Cantabria creciera de manera ordenada, con viviendas nuevas y con mucho parque en su entorno. Los años han pasado y nada se ha hecho, más allá de abrir a los paseantes una parte de los terrenos. Se habló de viviendas, de un parque botánico, de una nueva zona verde… nada se ha hecho.
Ahora, cuando la carencia de viviendas en alquiler se presenta casi como una emergencia, el líder del PSOE en Cantabria anuncia un proyecto realista, sensato y viable: construir 1.500 viviendas y destinar el resto del terreno a parque. Esa idea, tan de sentido común, choca con un débil obstáculo: en su día, se acordó que La Remonta fuera toda ella una zona verde, es decir que siguiera como está. Y el PSOE apoyó ese proyecto.
La primera pregunta es si Santander precisa de tanto espacio verde cuando cuenta con La Magdalena, la Gran finca de Mataleñas, el campo de golf, el parque de Las Llamas, la senda costera desde Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar y una larga lista de zonas verdes de menor tamaño. Es más, frente a La Remonta se extiende un terreno destinado a parque, de una gran extensión, que popularmente se conoce como el parque de La Vaca.
Santander precisa, con urgencia, nuevas viviendas públicas, una buena parte en alquileres asequibles y otra en venta a precio de coste y con facilidades financieras. Si además se puede destinar parte de los terrenos a vivienda de desarrollo privado, mejor. Se obtienen ingresos y se evitan los guetos.
Los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo para solventar uno de los problemas más graves de la ciudad, que no es otro que el dotar de pisos asequibles a los jóvenes y hacerlo en buenas condiciones económicas. Si como se proclama desde algunas formaciones políticas, los precios del alquiler son muy elevados y deben intervenirse, una buena manera es hacerlo con una oferta púbica que consiga, con precios mucho más bajos, amortizar el coste de los inmuebles.
El líder del socialismo cántabro, Pablo Zuloaga, realiza una proposición sensata y realizable. El acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Santander no debería ser un obstáculo, porque ambas instituciones están al servicio de los ciudadanos y tienen la obligación de facilitar un proyecto destinado a favorecer la vida de miles de cántabros. Un acuerdo que ya debería estar firmado, para evitar que se siga frenando una idea cargada de sentido común.
El problema de carestía de la vivienda, y en especial el déficit de pisos en alquiler, hunde sus raíces en la historia. La ley de la dictadura franquista de congelar el precio de los alquileres frenó el mercado, y una gran parte de las nuevas familias optaron por la compra. En el presente, se necesitan muchos miles de pisos para alquilar y para ello es preciso que intervenga el sector público y, en paralelo, la iniciativa privada. Para que se active el desarrollo de casas en alquiler es necesario abaratar el coste de la construcción, generando mucho suelo edificable y que al mismo tiempo se garantice a los propietarios una seguridad jurídica, fruto de una legislación equilibrada, que garantice el pago de la renta y proteja a quienes se vean en una situación de precariedad, con un parque de viviendas públicas destinadas a esos casos. Que los problemas sociales los aborden los servicios públicos bien sean municipales, regionales o nacionales.
La vieja idea de dedicar la finca de La Remonta a la expansión de Santander está más vigente que nunca. Falta consenso y asumir que los bienes públicos no deben trocearse en ministerios, empresas públicas o municipios, sino ponerse al servicio de las personas.
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