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Una noticia, en principio de escasa relevancia, ha sido difundida por El Diario Montañés con la importancia que merece y, como consecuencia, se ha puesto de manifiesto el rechazo de los gobernantes y de los responsables de cargos públicos a mirarse en el espejo. El ... temor a la rendición de cuentas se ha extendido y quienes deben intervenir en asuntos poco gratos eluden los espejos porque sienten vergüenza cuando aparece su imagen reflejada en ellos.
Hace días, este periódico publicó una entrevista con el profesor Julio Ricciardiello, que ejerce en un centro de enseñanza público de Barreda. Lo que contaba el profesor al periodista, José Ignacio Arminio, es una demostración inequívoca de la falta de ejercicio de la responsabilidad de quienes tienen cargos de gobierno, bien sea al máximo nivel, como aprobar leyes, o al mínimo, dirigir un centro educativo.
Ricciardiello narraba su situación como docente: denunció encontrarse en absoluta indefensión ya que la madre de uno de sus alumnos le había amenazado de muerte, ante testigos y el alumno también lo hizo. La llamada de socorro del docente no fue atendida: el alumno permaneció en clase y la madre pudo seguir acosando al profesor. Bastó que un periodista se interesase por el asunto y, ¡Oh casualidad!, al día siguiente la madre era detenida por la policía.
Es frustrante que solo cuando se coloca a los responsables ante el espejo se decidan a actuar. Los medios de comunicación no deben suplantar a las autoridades, no es defendible esperar a que la desidia, el temor o la incompetencia quede expuesta ante la opinión pública para tomar medidas.
El asunto es más grave que lo narrado. Cualquiera se puede preguntar la razón de que una denuncia, por amenazas graves, conlleve una detención en un establecimiento público. No, la mujer fue detenida porque llevaba tiempo en busca y captura. Según la información oficial la señora había eludido presentarse en el juzgado cuando fue requerida por otro incidente. La pregunta surge de inmediato ¿Por qué no fue detenida antes si la policía sabía dónde residía y que lugares frecuentaba? ¿Sólo existió interés cuando se difundió el caso? ¿Cuántas personas están en busca y captura sin que se ejecute la orden judicial?
Otros detalles completan el cuadro. La madre, su esposo y su hijo viven en una casa ocupada, ocupada con 'k', y como ya es norma, no se actúa para revertir la situación. Ricciardiello intervino en el asunto de la ocupación cuando era concejal y el resultado fue la hostilidad y las amenazas. El mensaje que se traslada a los ciudadanos es que únicamente se cumple la ley cuando los responsables de ese cometido se ven expuestos ante la opinión pública y se produce el consiguiente escándalo.
La consigna proclamada por los gobernantes y por quienes tienen responsabilidades es no producir alarma social. Ocultar la realidad, porque su difusión provoca indignación entre los cántabros. No se actúa en casos como el padecido por el profesor y exconcejal del Ayuntamiento de Torrelavega porque hacerlo supone enfrentarse con personas que no solamente no acatan la ley, sino que amenazan y complican la existencia a quienes deben hacerlo. Tampoco se informa de los robos que se producen, porque el conocimiento de esos hechos inquieta a la población. Por eso, de cuando en cuando, la Delegación del Gobierno en Cantabria emite una nota de prensa en la que se da cuenta de la detención de una o varias personas que cometieron una docena de robos en viviendas a lo largo de las últimas semanas. Para esconder la realidad no se informó de cada uno de esos robos en su momento. Es mejor que no se sepa lo que pasa.
En el caso del profesor de Barreda ha quedado claro que el amenazado, por una persona que estaba en busca y captura, no recibió la ayuda precisa por la dirección del centro público de enseñanza, las fuerzas del orden no actuaron con la diligencia necesaria ni desde el colegio se adoptaron medidas. Qué se sepa, la consejería de Educación no se ha manifestado ante estos hechos. No se informa, la transparencia no existe, si la detenida ya está en libertad, si el alumno ha sido sancionado o en qué situación permanece la casa ocupada. Todo por nuestro bien, que no nos alarmemos.
Una democracia se basa en que las personas ejerzan sus derechos, entre ellos el voto, con conocimiento de causa, con información cierta. Si se cercena debemos asumir que vivimos en un sistema democrático incompleto y tarado en el que las autoridades tratan a las personas como si fueran menores de edad. ¡Que no se sepa lo que sucede porque no serán capaces de asimilarlo o extraerán conclusiones equivocadas!
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