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La expresión 'trabajar para el inglés' significa, en la acepción más reciente: desempeñar un trabajo sin obtener ningún beneficio. Trabajar en vano, sin rendimiento alguno. Los gobiernos –nacionales, regionales o municipales– en España nos convierten a muchos españoles en ingleses, que tenemos que desempeñar funciones ... por las que no recibimos ninguna contraprestación. Ni sueldo en moneda de curso legal, ni salario en especies. La revolución tecnológica, la pandemia del covid-19 y la ausencia de una sociedad civil concienciada de sus derechos, permite que la nómina de funcionarios crezca mientras –¡Oh paradoja!– buena parte del trabajo que les corresponde recae sobre el contribuyente. Menos tarea y más currantes.
Una de las metamorfosis más preocupantes, la imposición de cita previa para ser atendido en múltiples administraciones, nació como una opción para el administrado.
Tener concertada un día y una hora para ser atendido en Hacienda, dirección general de tráfico, Insalud o cualquier otra dependencia oficial ofrecía la seguridad de no tener que esperar turno. Con la pandemia se impuso como requisito obligatorio en multitud de estamentos públicos y, una vez superada la situación excepcional, se ha incrustado como norma habitual.
El administrado, que paga con sus impuestos el servicio que le deben prestar, llega a una oficina. Alegría. Apenas hay gente y ve a varios trabajadores públicos libres, sin clientes que atender. De inmediato le preguntan: ¿tiene usted cita previa? Una respuesta negativa te remite, no al vuelva usted mañana de Larra, sino al solicítela y será atendido cuando le indiquen.
Para facilitar el trabajo en los organismos públicos se ha terminado con un derecho tan básico y habitual como el de acudir a una de las múltiples oficinas de la administración para resolver un trámite y esperar la cola, si la hubiera. Ahora simplemente el ciudadano que, insisto, paga el sueldo los empleados de esas oficinas, se marcha sin resolver su problema, aunque vea el departamento vacío de clientes y lleno de empleados.
El vicio se extiende con facilidad, con mayor velocidad que la virtud. Así, esa fórmula contamina las estaciones de Inspección técnica de vehículos (Itv) y otros muchos servicios. El cliente, que además de sus impuestos deberá pagar unos cuantos euros para que certifiquen que el coche está en buenas condiciones observa, complacido, que –¡Oh milagro!– solamente hay un coche en espera. Llega a la ventanilla y ahí termina su gozo. ¿tiene cita previa? Pues en caso contrario, pídala y vuelva el día que le indiquemos.
Naturalmente, el deseo de entorpecer los trámites no termina ahí. Para conseguir la cita previa llame por teléfono o luche con el ordenador. El teléfono está casi constantemente ocupado y completar los cuestionarios no es sencillo. En esta segunda opción, asaltar el castillo burocrático con una leve lanza, es dónde el ciudadano se transforma en trabajador de la empresa pública. Sin sueldo, por supuesto.
Facilitar a los contribuyentes determinadas operaciones está bien. Permitirles no necesitar el desplazamiento o la espera, es buena cosa. Naturalmente siempre que se trate de algo voluntario, no de una obligación por la que recae el trabajo del funcionario en el contribuyente. En una gran parte de las relaciones entre los ciudadanos y las diferentes administraciones se ha invertido la carga. En lugar de que los empleados de la administración trabajen para los ciudadanos, se exige a todo el mundo que realice tareas que deberían corresponder al personal que engrosa la nómina de las diferentes agencias.
En los albores de la informatización de las entidades públicas se presentaron las idílicas ventajas del sistema. Con el paso del tiempo, se ha visto reducida la comodidad del proceso y persiste el viejo sistema de solicitar datos que ya obran en poder de los organismos públicos.
La generalización de la cita previa y el desvío a realizar trámites digitales ha abaratado el coste global para las entidades públicas, pero no por ello han bajado los impuestos, ni se compensa monetariamente a quienes realizan informáticamente las operaciones.
Tampoco se ha reducido la masa laboral en las diferentes administraciones. Por el contrario, se dejan en exclusión a personas de avanzada edad, que no manejan la informática. Es más, se parte del supuesto de que todos los españoles tienen un ordenador o un teléfono móvil inteligente y que saben manejarlos y que quieren hacerlo.
Eliminar la obligación de la cita previa e invertir el proceso de forma que, una vez identificado el ciudadano, sea la administración la que aporte los datos que ya obran en su poder. Los contribuyentes no deben ser trabajadores, sin sueldo, de la administración. La atención personal debe regresar, sin restricciones y la jungla burocrática precisa de una poda a conciencia.
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