La corrupción y la democracia

Las finanzas se han convertido en una ideología, en un estilo de vida, en una visión del mundo, perdiendo de vista sus legítimos fines. Vivimos en el consumismo, es decir, la exaltación del consumo por encima de otras fases del ciclo productivo. Algunos estudiosos consideran que la crisis económica y financiera del 2008 en Estados Unidos tuvo como origen precisamente la disminución de la población que requería que se aprovechara al máximo el consumo de las familias. Incluso ofreciéndoles préstamos fáciles para adquirir, por ejemplo, su vivienda. En los países europeos se vive un 'invierno demográfico' que los debilita espiritual y materialmente. En ellos encontramos una sociedad individualista, cerrada a la vida, centrada en el presente, débil incluso como sistema productivo y económico porque en definitiva lo más importante es la consistencia del sistema moral de una nación.

La democracia no es el lugar donde se acercan las opiniones que son distintas, sino más bien donde juntas buscan la verdad y se dejan guiar por ella. Esto nos lleva a decir, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, que la democracia no es libertad sin verdad, ya que de esta manera podría transformarse en una sutil forma de totalitarismo. La democracia selecciona las opciones, con libertad y participación, pero efectivamente las selecciona. A algunas no les concede el derecho de circular porque las considera contrarias al bien de la persona y al bien común. La democracia se apoya en los valores vinculados a la dignidad trascendente de la persona humana. Sobre estos valores, respetando la libertad y las leyes, no se puede transigir. Cuando se pierde la fidelidad personal a estos valores en la mentalidad común, también la democracia está en peligro. Por ello es necesario educar para la democracia.

En la medida en que se pierde la conciencia de Dios, el ser humano sale perjudicado. El concepto de persona surgió con el cristianismo cuando reflexionando sobre las personas divinas los padres de la Iglesia y los primeros concilios ecuménicos encontraron elementos claves para comprender mejor a la persona humana.

Si miramos profundamente el fenómeno de la corrupción, nos daremos cuenta que este mal contrasta radicalmente con los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué afirmamos esto? Porque la corrupción instrumentaliza a la persona humana utilizándola con desprecio para conseguir intereses egoístas. Impide la consecución del bien común porque se le opone con criterios individualistas, de cinismo egoísta e intereses ilícitos. Contradice la solidaridad, porque produce injusticia y pobreza. Y la subsidiaridad porque no respeta los diversos roles sociales e institucionales, sino que más bien los corrompe. Va también contra la opción preferencial por los pobres porque impide que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente. En fin, la corrupción es contraria al destino universal de los bienes.

«También los diversos momentos estrictamente técnicos y seculares, a través de los cuales se hacen operativos los proyectos y programas, deben estar regidos por criterios éticos: la preparación profesional debe ser rigurosa y exigente; el análisis de la realidad, objetivo; el manejo de los datos y la información, veraces; las estrategias, honestas y justas. Someterlo todo al éxito personal, a la posesión del poder, a la eficacia, al honor o al dinero, son otras tantas formas de inmoralidad y de idolatría que destruyen la dignidad de la persona y corrompen el clima de la convivencia. En ningún caso, tampoco en política, un fin bueno puede justificar el uso de medios o procedimientos inmorales» (CEE, 'Los católicos en la vida pública', de 22 de abril de 1986, nº 77).

Y más concretamente la corrupción «traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social; compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones» (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005: 411).