La vivienda es de ley

Este proyecto de la primera Ley de Vivienda de Cantabria es profundamente social, que nace desde el convencimiento de que el acceso a la vivienda es un derecho y no debe ser un lujo. Lo hace, además, desde la participación social y el conocimiento y experiencia acumulada sobre todo desde la de crisis inmobiliaria del 2008, cuyos efectos aún siguen sintiéndose en algunos sectores de la población.

Cuando las políticas de vivienda se han dejado en manos del mercado los resultados han sido nefastos. Es un modelo antiguo, que no sirve y que no es útil.

Por eso, este proyecto de Ley de Vivienda se basa en tres pilares fundamentales:

En primer lugar, el fomento del alquiler como medio de acceso universal a la vivienda, de manera que el acceso a la vivienda pueda adaptarse a las situaciones socio económicas de las personas a lo largo de su vida.

En segundo lugar, la inversión y la ampliación del parque público de viviendas en alquiler, que proteja no solo a sectores vulnerables, a los que prestamos una especial atención en el proyecto de ley, sino mediante la inversión pública en parques de alquiler asequible, que poco a poco vayan sustituyendo a las ayudas directas.

Y, en tercer lugar, el impulso de la rehabilitación, renovación y regeneración urbana en una búsqueda de obtener edificios energéticamente eficientes, realizando una transformación y mejora de ámbitos urbano, contribuyendo a la activación económica y a la generación de empleo local.

Este proyecto de Ley incluye importantes medidas para impulsar esta nueva cultura de la vivienda:

Apostamos por el parque público de alquiler. Solo con un parque fuerte de vivienda pública de alquiler podemos hacer frente a las necesidades de vivienda y esto no se va a conseguir en un periodo corto de tiempo. Desde que en julio de 2019 asumimos la responsabilidad de gestionar la cartera de Vivienda, la consejería se marcó como primer objetivo ampliar el parque público de vivienda en alquiler.

Partíamos de un parque público de alquiler muy pequeño. A través de la compra directa, ejerciendo el derecho de tanteo y a través de cesiones con ayuntamientos y entidades financieras o la Sareb, o a través de la promoción hemos incrementado el parque público en 167 viviendas, pasando de 234 a 401. Esto supone un incremento del 71,36% esta legislatura, pero es un parque público todavía insuficiente.

Obligamos por ley a tener una planificación a medio y largo plazo. Esta planificación plurianual es una obligación legal con una duración que debe ir más allá de una legislatura. Si queremos desde la Administración garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas no debe apartarse de esta línea de incremento del parque público de vivienda.

La vivienda no puede ser objeto de especulación. La vivienda vacía como vehículo de inversión debe desplazarse hacia la oferta de alquiler, con garantías para propietarios y arrendadores, profesionalizando un sector hasta ahora residual o dirigido al turismo.

En rehabilitación, la vivienda antigua debe dotarse de todos los estándares de confort, eficiencia energética y accesibilidad.

La regeneración urbana debe desplazar el urbanismo de obra nueva creando ciudades y pueblos vivos, salubres y respetuosos con el medio ambiente. Debemos atraer al centro de las ciudades y de nuestros pueblos a nuestra población más dinámica en lugar de expulsarla a las afueras. Debemos actuar sobre lo ya edificado. Hasta ahora, la regulación de la vivienda estaba encauzada a la construcción y la compra de vivienda, con esta ley pretendemos impulsar un nuevo escenario integrador y participativo donde tengan cabida soluciones residenciales adaptadas a las necesidades reales de las personas sin olvidar que la ciudad construida es el entorno en que se desarrolla la vida y merece la pena invertir esfuerzos en mejorarla.

La Ley también recoge la creación de programas para incentivar la movilización de vivienda vacía, para destinar viviendas del parque privado al alquiler social y asequible y se van a crear instrumentos que van a permitir tener datos actualizados de control y seguimiento, como el registro de viviendas vacías, el registro de contratos de alquiler de viviendas o el depósito de fianzas.

La vivienda no puede ser un lujo o un motivo de estrés y preocupación para la gente; disponer del acceso a vivienda es esencial para adquirir la plena condición de ciudadanos. Por eso, el acceso a la vivienda es de ley.