Lista de espera quirúrgica con efectos laborales muy lesivos

Además, su incidencia es también especialmente lesiva en el mundo laboral y perjudica tanto a la población trabajadora afectada como a sus empresas y al propio sistema público de protección social.

Como es lógico, cualquier trabajador o trabajadora que esté en la lista de espera se ve afectado por esta demora en la asistencia sanitaria, que le impide prestar sus servicios profesionales con normalidad en una situación de baja por incapacidad temporal con una vigencia que tiene un tiempo limitado (18 meses como máximo en la mayoría de los casos), tal y como viene estipulado en la Ley de la Seguridad Social.

Si se supera este tiempo máximo autorizado, la persona trabajadora sólo tiene dos opciones; o bien se reincorpora de manera prematura a su empleo sin haber recibido la atención médica y sin reunir las condiciones físicas necesarias; o, simplemente, pasa a una baja por incapacidad permanente que le excluye de su actividad profesional y del mercado laboral a cambio a una pensión pública de cuantía económica baja, que en muchos casos rondaría los 600 euros mensuales o menos.

Estos perjuicios ocasionados por una lista de espera desbocada se extienden a las personas trabajadoras y a las que no lo son, pese a que el sistema sanitario público de Cantabria cuenta con una Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada desde el año 2006.

Esta normativa legal reconoce el derecho del usuario a solicitar a la Administración autonómica ser atendido por un centro hospitalario concertado o privado si se supera el mencionado tiempo límite de espera estipulado para recibir de una vez por todas la ansiada atención sanitaria. En realidad, la ley tiene significativas deficiencias y no soluciona el problema sino, más bien, sirve de coartada perfecta para no resolverlo y cronificarlo.

De hecho, la propia ley autoriza a remitir al paciente afectado a la sanidad privada si no existe un centro hospitalario concertado disponible. Sin embargo, cuando esto ocurre la Administración pública sólo sufraga una parte del coste de la intervención según una tabla de precios elaborada en el año 2017. El resto de la factura lo paga el paciente.

Es evidente que los instrumentos y mecanismos del sistema público de protección social están interrelacionados y, por eso, el defectuoso funcionamiento de la Administración sanitaria pública no sólo hay que verlo como un problema asistencial, es también un problema social que afecta individual y colectivamente a toda la población y especialmente a la trabajadora y a la proveniente de las clases menos favorecidas económicamente.

UGT siempre ha proclamado la defensa y el fortalecimiento real del sistema sanitario público y exige o hasta ruega que los responsables políticos de Cantabria dejen a un lado sus diferencias, cesen en aplicar medidas miopes y cortoplacistas y busquen soluciones duraderas y estructurales.

Se hace necesario repensar y adaptar el sistema sanitario público a las nuevas necesidades, consolidándolo y reforzándolo porque la demora en la atención quirúrgica y en la sanitaria en general es por sí misma un síntoma de un problema estructural que provoca un desprestigio más que injusto en el propio sistema y en miles de profesionales con una valía incuestionable.

Además, este injusto desprestigio es cada vez más rentabilizado por esas ideologías que invocan un día sí y otro también la liberalización y privatización de los servicios públicos como solución a todos los problemas, cuando en realidad lo que pretenden es perpetuar las situaciones de desigualdad.

Se quiera o no, la sanidad pública junto con la educación pública son dos de las principales herramientas para lograr y garantizar la cohesión social y la reducción de las desigualdades, por lo que desde UGT consideramos que avalar su mejora no es sólo un imperativo político y social sino también moral.