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El espacio público aparece hoy en España fragmentado y polarizado, lo que pone en riesgo las ideas de bien común o interés general, sin que se vislumbren a corto plazo acciones que creen consensos y espacios compartidos. Democracia es, en definitiva, el ejercicio lúcido ... de conciliar intereses divergentes, rompiendo discursos maniqueos y alicortos que hacen imposible esa conciliación. Si no son buenos los mensajes con exceso de optimismo, no son mejores los mensajes catastrofistas.
La división entre buenos y malos ciudadanos, que forma parte esencial del discurso populista o del discurso nacionalista, sea este secesionista o integrista, es un discurso que hegemoniza lo propio y lo identitario, frente a cualquier discrepancia. Es un discurso que sustituye a las ideas y a los proyectos por una digresión moral que excluye al adversario. En ese discurso moralizante, los clérigos saben mucho de ello, no hay titubeos, no hay espacios intermedios entre el bien y el mal, porque para los protagonistas de ese discurso, poseedores de la verdad absoluta, solo valen y se valoran las proclamas de los vencedores frente a los derrotados. Sería deseable que frente a la descalificación del adversario, se argumentara con la exigible ética de la responsabilidad cívica para tomar decisiones o resolver conflictos.
Llegamos a la mitad de la legislatura y, en este tiempo, hemos visto cómo algunas iniciativas gubernamentales obtenían más apoyos en el Parlamento que los de la investidura del presidente en enero de 2020 (el diputado conservador del regionalismo cántabro votó en contra). Esta segunda parte de la legislatura no va a ser cómoda. Necesitamos instituciones federales para hacer más eficiente el Estado de las autonomías.
La derecha no cesa en sus mensajes contra el Gobierno: España se rompe y camina hacia la ruina económica y la destrucción del Estado de derecho. No interesa argumentar; lo que importa es repetir el mensaje publicitario y desde un liberalismo falso y reaccionario apropiarse del uso de la palabra libertad.
Al otro lado, Podemos, formando parte del Gobierno de coalición, aunque de forma cada más irrelevante, tratan de definir un perfil propio distanciándose, si es posible, de las iniciativas y propuestas del sector PSOE del Gobierno. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, la nueva Ley de Vivienda o cómo enfrentarse a la especulación en el precio de la electricidad, son iniciativas que en algunos de sus contenidos separan a los socios de gobierno, pero haciendo de la necesidad virtud, terminarán por encajar las discrepancias para que la coalición gubernamental se mantenga sobre la base de defender un interés general.
El presidente hizo cambios en diferentes ministerios (extrañamente no hubo cambios en el sector ministerial de Podemos), en la confianza de que avanzaremos hacia una nueva realidad política, social, económica y sanitaria y que para ello se necesitan nuevos impulsos en el Consejo de Ministros.
El PP de Pablo Casado parece mantenerse satisfecho con su línea de confrontación total, intentando no distanciarse demasiado de Vox. Siguen pendientes la renovación de órganos constitucionales, como el Consejo General de Poder Judicial, y no se sabe si en este tema el PP de Casado será capaz de actuar con autonomía o seguirá pendiente de lo que pueda decir o pensar Vox, que cada día le atenaza un poco más.
En este mismo horizonte inmediato, aparece el reparto y gestión de los fondos europeos, donde los presidentes autonómicos tienen un particular protagonismo, presidentes que atienden a los intereses de su Comunidad y están muy necesitados de negociar con el Gobierno de España el destino final de esos fondos, que debieran mantenerse un tanto alejados de las tensiones partidistas, porque su objetivo es superar los efectos de la pandemia y corregir algunos problemas estructurales de nuestra capacidad productiva.
Importa también, en esta etapa de la legislatura, mantener activo el diálogo y entendimiento con los sindicatos y los empresarios, al menos en el mismo nivel en que se ha mantenido en estos años, porque solo en el ámbito del diálogo se resolverán las discrepancias sobre cómo actualizar la legislación laboral.
Y aunque superado en parte el trance inicial de la concesión del indulto a los condenados del 'procés', el problema catalán va a seguir, porque como dijo Ortega y Gasset en las Cortes de 1932 «el problema catalán es un factor continuo de la historia de España».
Mediada la legislatura, son sustanciales los temas que tenemos en el horizonte más inmediato. Desearía que ante esos desafíos, desde una opción gubernamental progresista se respondiera con eficacia al nacional-populismo, que con realismo se combatieran los miedos del futuro y que se recuperaran los verdaderos valores liberales que están en cuestión por el uso y abuso del término libertad por los reaccionarios y resentidos neoliberales.
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