Una medida necesaria para la descarbonización

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha alertado de que el cambio climático es el principal riesgo global al que nos enfrentamos, tanto por su propia dimensión como por su conexión con otras grandes amenazas, como la pérdida de biodiversidad o la propagación de pandemias. Y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a la comunidad internacional a esforzarse para lograr una recuperación verde, global, inclusiva y equitativa, fijando como principal objetivo para 2021 construir una coalición global para lograr un saldo nulo en la emisión de CO2 y pidiendo para ello un cambio drástico en políticas como la asignación de subsidios a los combustibles fósiles.

La revolución experimentada por tecnologías renovables como la solar fotovoltaica o la eólica terrestre y marina, las redes inteligentes y los sistemas de almacenamiento, cuya reducción de costes continuará en los próximos años, nos permite disponer de cantidades crecientes de energía limpia y segura a un coste cada vez más competitivo. La electricidad producida por fuentes renovables debe ser, por tanto, el vector fundamental de acción contra el cambio climático y la contaminación del aire, especialmente en un país como España, que cuenta ya con una cadena de valor consolidada y es rico en recursos naturales renovables.

A este escenario se ha llegado gracias a una apuesta decidida por fomentar el desarrollo a escala industrial de estas tecnologías y reducir sus costes. En la Unión Europea, hace 20 años se establecieron objetivos que obligaban a que un porcentaje del total de todas las energías consumidas provinieran de fuentes renovables. Para el caso de España, Europa fijó, al igual que a nivel comunitario, un objetivo del 20% de la energía final, que incluye al petróleo y al gas natural además de a la electricidad.

Para conseguirlo, las renovables se instalaron en el sector eléctrico al ser la opción más eficiente económicamente y viable técnicamente, si bien se trataba de un objetivo de país -y no del sector-, y de una obligación que recaía en todas las energías. Lo acertado de esa medida ha quedado demostrada con el explícito y creciente interés de sectores como el del gas y el petróleo, entre otros, en participar activamente en el desarrollo de las energías renovables en nuestro país.

Sin embargo, una vez logrado en gran medida el objetivo -situar a las renovables como opción energética eficiente y competitiva- el consumidor se encuentra con que, al elegir entre una u otra forma de energía para su hogar o negocio, el componente de mayor peso en la factura eléctrica no corresponde a costes actuales, sino a la financiación de esas ayudas que se otorgaron años atrás a las instalaciones renovables, cuando aún no eran competitivas, a fin de promover su eficiencia.

Los ciudadanos llevan años soportando el coste de desarrollo de energías renovables casi exclusivamente a través de su factura eléctrica, y no a través de otros consumos energéticos, cuando ese coste proviene de una política de estado.

Si queremos incentivar el consumo de energías limpias -y, tal y como ha recordado en Davos von der Leyen, debemos acelerar en este camino- carece de sentido cargar los costes de decisiones de política energética precisamente en la electricidad, que es la vía más eficiente y viable de descarbonizar los consumos de energía final, como la movilidad o la climatización.

El anteproyecto de Ley presentado por el gobierno para crear un Fondo de Sostenibilidad del Sector Eléctrico se dirige, en grandes líneas, a repartir este coste entre todas las energías. Si bien en su configuración caben aún algunos matices, se trata de una decisión acertada y oportuna que permitiría establecer un terreno de juego equilibrado entre todos los vectores energéticos, eliminando así la distorsión creada durante años en el precio relativo de la electricidad frente a cualquier otra forma de energía.

La reforma puede verse, por tanto, como un primer avance en la aplicación del principio «quien contamina, paga», según el cual los distintos productos energéticos tienen que incorporar en su precio final sus costes medioambientales. De este modo se acabaría con la paradoja de que, actualmente, quien calienta su vivienda con bombas de calor eléctricas, que no emiten, paga los costes de la descarbonización, mientras no lo hace quien emplea gas o gasoil.

La creación del Fondo reducirá además la factura eléctrica de los hogares en más de un 10% en cinco años, pudiendo beneficiar a las familias con rentas más bajas o a las industrias electrointensivas. De igual modo, la medida aporta certidumbre sobre la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, un aspecto clave para atraer las inversiones en energías limpias necesarias para avanzar en la descarbonización de la economía.

En definitiva, se trata de una medida equitativa, razonable y esperada desde hace muchos años. Cuanto antes se ponga en marcha este fondo, más podremos acelerar la transición energética.