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El Congreso convalidó ayer el tercer decreto del Gobierno frente a la crisis desatada por la guerra de Putin con 175 votos a favor, 7 en contra y 164 abstenciones. Esta segunda ocasión en la que el Partido Popular optó por evitar retratarse con el ... no a medidas económicas y sociales difíciles de rechazar permitió a Pedro Sánchez apuntarse un triunfo político. Aunque los titulares de la sesión parlamentaria no pueden soslayar la carga crítica y el escepticismo que mostraron tanto la oposición que se abstuvo como los grupos distintos al socialista que votaron favorablemente. De manera que solo el partido del presidente pareció convencido de la pertinencia y efectividad de las ayudas y ajustes fiscales vigentes desde el 1 de enero. Sería simplista explicar ese distanciamiento general respecto a una norma convalidada con tanta facilidad porque los grupos concernidos estén inmersos en un clima electoral. Pesa sin duda la desconfianza hacia la tramitación del decreto como proyecto de ley, en tanto que la experiencia indica que las enmiendas parciales a que pueda dar lugar acaban disipándose.
Pero sobre todo asistimos a las reservas con que los ciudadanos y sus representantes públicos contemplan las posibilidades de atenuar dificultades económicas y corregir desigualdades sociales mediante un rosario de iniciativas cuyos efectos reales no han sido evaluados hasta ahora con una metodología previamente establecida y que presentan, en la complejidad de las relaciones industriales y de los comportamientos sociales, derivaciones distintas e incluso contrarias a lo previsto.
La eliminación del IVA sobre productos de primera necesidad no aligera el precio de la compra media de alimentos. Pero su ineficiencia se hace aún más palpable cuando la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se erige en una especie de vicepresidenta trasversal y justiciera arremetiendo contra un empresario de la distribución como Juan Roig. El cheque de 200 euros para hogares con rentas de hasta 27.000 euros anuales puede devaluarse si su aplicación efectiva se dilata en el tiempo. Por eso es necesario que el tercer decreto anticrisis del Gobierno sea tramitado como proyecto de ley, pero de verdad. Para que las medidas en marcha sean mejoradas en lo posible. O cuando menos para que críticas y escepticismo se traduzcan en enmiendas parlamentarias positivas.
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