ETA, en la memoria democrática

Bien está que se ayude a las familias de quienes perecieron de manera criminal en la retaguardia durante la guerra civil (1936-1939) y en la represión franquista posterior, a encontrar y honrar a sus deudos. Con más empeño se debe incluir en esa ley a los familiares de quienes fueron asesinados por ETA. Y la tarea prioritaria debe ser la investigación de los atentados con víctimas mortales que aun siguen sin esclarecer. Es evidente que los miembros de ETA, que aun cumplen penas de prisión, saben quienes ordenaron y ejecutaron los asesinatos, pero no tienen la menor intención de colaborar con la justicia. Ese hecho debería ser suficiente para eliminar determinados beneficios penitenciarios y tener vivo el recuerdo de tantas personas a quienes arrebataron la vida y que no sabemos quienes fueron los autores.

No es posible olvidar que los asesinos etarras contaron con la complicidad de muchos habitantes de las tres provincias vascas, y que durante años se extendió un velo de silencio en torno a quienes fueron asesinados y sobre quienes pesaba la amenaza de los pistoleros. Hoy persiste el silencio sobre quienes yacen en los cementerios, pero una alborotada palabrería acerca de los verdugos, que celebran con impunidad absoluta la salida de la cárcel de quienes segaron la vida de muchos inocentes. Esta ley de memoria democrática debe poner punto final a las obscenas ceremonias de homenajes a los pistoleros, mientras se sume en el olvido a quienes murieron de un tiro en la nuca.

Si se trata de memoria democrática, es obligado resaltar que la banda ETA, como el FRAP, no actuaron para traer la democracia a España, sino para que la dictadura se perpetuara con un simple cambio de color: del azul a rojo. Una prueba evidente es que las acciones más sangrientas de ETA se produjeron después de la muerte de Franco, cuando ya hubo elecciones libres en España. Los miembros de la banda terrorista no preconizaban la democracia, lo que querían era convertir su región en una república totalitaria.

Las acciones criminales de ETA, no pueden quedar en el olvido. Por esa razón esta nueva ley debe contemplar, de forma explícita, la fijación histórica de lo ocurrido. En cualquier país con una democracia consolidada los cientos de víctimas de ETA tendrían un homenaje permanente. Una forma de no perder la perspectiva de lo ocurrido sería dedicar una calle a cada una de las personas asesinadas y hacerlo en los pueblos o ciudades en los que nacieron o donde perecieron por los tiros y las bombas etarras. En Madrid se ha levantado, hace años, un hermoso monumento a los abogados asesinados por un grupo de ultraderecha, en la calle de Atocha. Por el contrario, en Santander las víctimas del coche bomba que segó la vida de tres personas (Julia Ríos, su marido Eutimio Gómez y el joven Antonio Ricondo) están recordados con un pequeño monolito, escondido tras una valla, en La Albericia, donde se produjo el atentado.

Vuelvo a la serie 'Patria'. Creo que es una adaptación cinematográfica que debería proyectarse en las universidades, para que los jóvenes sepan lo que ocurrió y lo que, por desgracia, aun sucede en la comunidad autónoma vasca. En muchos lugares de España se han suprimido las huellas del franquismo, cambiando nombre de calles, eliminando monumentos, estatuas… Esa línea política debe generalizarse en esta ley de memoria democrática, que se encuentra en fase de redacción. No es de recibo condenar la exaltación del franquismo y permitir que se rinda homenaje a etarras convictos y confesos y se les mantengan honores en algunas instituciones vascas. Es más, debería replantearse la legitimidad de los partidos que participan en las elecciones sin haber condenado explícitamente los crímenes de ETA. Tampoco debemos olvidar –en la serie 'Patria' se refleja con acierto– la colaboración casi criminal de los gobiernos franceses con los etarras.