Memoria histórica, una batalla ideológica

Hasta el PSOE, promotor de la Ley de Memoria Histórica, entiende que no es esta la mejor coyuntura para acometer su impulso, pero en algún momento había que hacerlo, dicen, porque es un compromiso electoral que ya fue postergado en la anterior legislatura.

Las leyes nacionales y autonómicas de Memoria Histórica, como la Ley de Memoria Democrática que alienta el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde 2020, están muy dirigidas al consumo interno de la izquierda política, entre la indiferencia o el rechazo del electorado del centro y la derecha. Así que es el PSOE cántabro, que representa en exclusiva a la izquierda en el Parlamento regional, tras la debacle de Podemos y IU en los comicios regionales de 2019, el que enarbola ese estandarte ideológico, con el vicepresidente del Gobierno y secretario general del partido, Pablo Zuloaga, al frente, y también otros como las leyes de los derechos LGTBi o de Vivienda.

El largo debate se inició con la comparecencia de expertos historiadores de distintos sesgos y podría concluir antes de las vacaciones parlamentarias de verano. En las discusiones no faltan las alusiones a la reparación moral de todas las víctimas de Cantabria (7.400 caídos en la guerra civil, 3.600 por la represión de ambos bandos, según el minucioso estudio de Enrique Menéndez), y al espíritu de concordia que debe alumbrar la ley.

El Gobierno de coalición se ha mostrado dispuesto a corregir la normativa a la baja para ganar consenso, aunque el margen es bastante estrecho. Inicialmente, los socialistas ponían el acento en la reivindicación de la legalidad de la Segunda República y en la dignificación prioritaria de las víctimas que apoyaron ese régimen, que deberá empezar por la búsqueda de los restos de los desaparecidos, y deploran que las 'tres derechas' de PP, Ciudadanos y Vox pongan reparos al proyecto de ley del Gobierno de coalición.

En efecto, los tres partidos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad al texto legislativo, rechazados todos ellos por la mayoría gubernamental. Juntos, pero no revueltos. Los planteamientos de PP y Ciudadanos, bastante similares, equiparan la consideración de las víctimas de los bandos republicano y nacional durante la contienda y critican el sectarismo y la crispación, el adoctrinamiento en las aulas y la subvención de 'chiringuitos' de la causa republicana que, a su juicio, descalifican el proyecto legislativo del PSOE. Pero ambos partidos han tenido buen cuidado de no ir de la mano de Vox, y de su discurso más agresivo, en el rechazo a la memoria histórica.

Para el PRC, el primer partido de Cantabria y el mayoritario en el Gobierno de coalición, la Ley de Memoria Histórica es un asunto especialmente incómodo, pues entre la militancia de base y entre sus altos cargos abundan quienes no comulgan con los postulados socialistas en esta materia y preferirían que proyectos legislativos de esta naturaleza durmieran el sueño de los justos durante mucho tiempo. Como no es posible, el regionalismo hace un alarde de equilibrismo en el debate parlamentario. Rechaza las enmiendas a la totalidad al texto, que para eso forma parte del Gobierno, repudia los regímenes totalitarios como el de Franco y se muestra muy predispuesto a limitar el alcance de la ley en la discusión de las enmiendas al articulado en la Cámara.

Ese es el compromiso que el PRC ha trasladado a PP y Ciudadanos en público y en privado, antes de que el Gobierno de coalición trasladara oficialmente su disposición a 'descafeinar' el texto legislativo para que concite un mayor consenso. Uno de los elementos más conflictivos del proyecto de ley original aludía a la creación de una suerte de 'comisión de la verdad', en principio formada por expertos nombrados por el vicepresidente Zuloaga, con la facultad de establecer el relato de la historia durante los años de guerra y represión y hasta de aplicar sanciones los disidentes, o sea, como en el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de ámbito nacional.

Por el momento, el PSOE se da por satisfecho con el apoyo que su aliado regionalista ha dado para que la tramitación de la Ley de Memoria Histórica siga su curso. En el debate que resta hasta su aprobación definitiva se pondrá a prueba una vez más la cohesión de los dos partidos del Gobierno, si los socialistas ven cumplidos sus objetivos en el contenido de la ley o tienen que ceder en su empuje a instancias del PRC para que el trámite legislativo no resulte un fiasco.