Ley de Memoria Histórica: necesaria pero insuficiente

Sin dejar de reconocer la complejidad que tienen este tipo de iniciativas, en las que el consenso debería ser un principio básico, el balance que presenta la tramitación parlamentaria a día de hoy resulta desalentador. Las comparecencias de los expertos, entre las que significativamente no ha figurado la de ningún docente de la Facultad de Historia de la Universidad de Cantabria, no parecen haber servido de mucho a sus señorías.

Vistos los planteamientos y la línea de actuación de la oposición parlamentaria (PP, Ciudadanos y Vox) parece evidente que es imposible alcanzar acuerdos de fondo con quienes mantienen una idea de reconciliación que transita entre el olvido y la equidistancia y que, por si fuera poco, no cuestionan la legitimidad de quienes terminaron con la legalidad democrática y provocaron una guerra civil que derivó en casi cuarenta años de dictadura. Entendemos que al menos una parte significativa de esa oposición parlamentaria debería abandonar ciertos atavismos predemocráticos que la alejan de manera formidable de otras organizaciones europeas de perfil similar y dignarse a considerar los informes elaborados por la Organización de Naciones Unidas al respecto.

Precisamente, entendemos que entre las carencias acusadas que presenta el todavía proyecto de ley se encuentra la de no atender suficientemente al cumplimiento de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, reconocidos por la ONU.

Así, en primer lugar, la ley debería explicitar, en su exposición de motivos, que el levantamiento militar que desencadenó la llamada Guerra Civil Española fue un golpe de estado contra un gobierno democrático legítimo y por supuesto condenar expresamente este hecho.

En segundo lugar, el reconocimiento a las víctimas necesita para completarse con integridad el señalamiento de los culpables, lo que conlleva que los acontecimientos relacionados con la violencia y la represión sean relatados verazmente, mencionando tanto a las víctimas como a los victimarios (sí, a todos). Igualmente, ha de reconocerse el daño y el dolor infligido y la consiguiente petición de perdón a las víctimas y sus familias en la vía de propiciar el cierre de las heridas que permanecen abiertas.

En cuanto al ámbito temporal de aplicación que la ley fija desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, consideramos ineludible su ampliación hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cantabria en 1982. Después de cuarenta años de dictadura, la impronta franquista en la cultura política y en las instituciones continua muy presente más allá de 1978, como lo acredita la inestabilidad de la democracia, amenazada en 1981 por un intento golpista. Además, con la ampliación de este límite temporal, las víctimas de sucesos significativos para nuestra Comunidad Autónoma, como fue el caso Almería, encontrarían el amparo legal del que carecen actualmente.

Por último, consideramos que la educación de las generaciones jóvenes es un aspecto nuclear para asegurar la transmisión de la memoria democrática y dar cumplimiento al principio de no repetición. Por este motivo, la Ley de Memoria Histórica y Democrática debería recoger en su articulado, como una obligación institucional, la inclusión de los contenidos relacionados con esta ley en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, con la paralela disposición de medios y formación del profesorado.

Creemos con sinceridad que solamente de este modo nuestro país podrá dejar de cerrar de una vez por todas sus heridas en falso y alcanzar una satisfactoria y deseable salud democrática.

Firman el artículo: Rosa Barreda Rey, Valentín Andrés Gómez, Marta Torre Escalante y Roberto Ruisánchez Díaz.