De Mendizábal, hasta hoy

Hace días, la diputada Marta García, de Ciudadanos, planteaba en el parlamento de Cantabria la necesidad de encontrar soluciones, de forma urgente, para los afectados por la Ley de Montes. Con esta iniciativa prosigue un extenso, farragoso y lento proceso de unas personas que compraron, con toda la documentación en regla, unas parcelas de monte que en su día fueron producto de algunas de las diferentes etapas del proceso de desamortización, una forma dieciochesca de referirse a una expropiación forzosa.

El proceso de suprimir leyes cuasi medievales que mantenían la herencia en bloque y el mayorazgo y los impedimentos para vender los bienes acumulados durante siglos por la Iglesia era necesario, pero como en tantas ocasiones, las reformas bien intencionadas terminan en efectos perniciosos. Las reclamaciones provienen, en la actualidad, de la Ley de Montes del año 2003.

La situación en que se encuentran muchos cántabros, propietarios de parcelas en los montes, es de abandono, confusión e indefensión. Los propietarios presentan documentos, realizan trámites y no consiguen su objetivo, ni se avanza en el proceso de normalización. Ante las trabas y la desatención que padecen, una buena parte de los afectados se han unido en agrupaciones para defender lo que consideran sus legítimos intereses.

Este caso, como otros de similares características, es un ejemplo de la hidra gubernamental que extiende sus tentáculos a través de órganos diversos como direcciones de montes, confederaciones hidrográficas, guardianes de las costas, protectores del espacio aéreo y un largo etcétera que subdividen el poder ejecutivo de manera que quienes están en la cúspide la pirámide, los cargos políticos con legitimidad democrática, se pueden desentender impunemente de problemas que nacen de legislaciones confusas o del avance incontrolado de la burocracia.

El poder ejecutivo y el legislativo tienen como misión fundamental resolver los problemas que aparecen en la convivencia ciudadana y cuando, erróneamente, tergiversan su objetivo lo que producen son más y nuevos problemas. En Cantabria, unos cuantos miles de familias se ven afectadas por una legislación que las mantiene atrapadas en un limbo en el cual son propietarios, pero no pueden disponer de sus bienes. Deben atender las obligaciones que conlleva ser dueño de un terreno, pero no están autorizados a disponer libremente del mismo.

Los años transcurren sin que se atisben soluciones. Los diferentes departamentos que tienen jurisdicción sobre sus tierras o bien mantienen silencio o desestiman todas las reclamaciones que realizan los afectados. El sentimiento es de abandono y desprecio. Quienes poseen terrenos en los montes anuncian que volverán a manifestarse y a protestar para que las diferentes administraciones escuchen sus peticiones y se llegue a una solución que clarifique esta maraña de leyes y competencias.

En esta pugna por superar el laberinto burocrático y legal los partidos políticos se juegan muchos votos y por ello ya comienzan a rebrotar los posicionamientos desde diferentes formaciones. El alcalde de Cartes, Agustín Molleda, un socialista con influencia en su partido, ya ha intervenido al enviar una carta a la Consejería de Desarrollo Rural, del PRC, para pedir que se arbitren soluciones para los vecinos de su municipio. Los afectados no quieren que se politice su problema, porque afecta a ayuntamientos de diferentes colores. Lo que exigen es que se actúe pronto y que no se dejen pasar los años sin llegar a un acuerdo.

La situación de desamparo en la que se encuentran quienes poseen parcelas en los montes comunales debe resolverse con un criterio: Quienes de buena fe compraron un terreno o lo heredaron deben ver protegidos sus derechos. El intervencionismo excesivo de las diferentes administraciones no hace más que dificultar el desarrollo y pone en peligro la seguridad jurídica.

El crecimiento mastodóntico del aparato de los gobiernos conduce a limitar la acción individual para subsumirla en un todo público que termina siendo ineficiente e injusto. El problema de los propietarios de montes, como el de quienes tienen viviendas afectadas por sentencias de derribo, debe ser resuelto con criterio de justicia y equidad.