Vivienda: un derecho que se sigue ignorando

Uno de los principales desafíos que seguimos teniendo como país y como sociedad es garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, no como un privilegio sujeto a las reglas del mercado.

El artículo 47 de nuestra Constitución establece con claridad que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Además, exige a los poderes públicos «promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general». Sin embargo, en la práctica, este mandato se ha convertido en papel mojado y es incumplido sistemáticamente. Los precios desorbitados de los alquileres de los pisos, los desahucios de familias vulnerables y la especulación inmobiliaria evidencian que, para mucha gente, la vivienda sigue siendo una utopía y, desgraciadamente, un lujo muy complicado de alcanzar.

Nosotras seguimos defendiendo la necesidad de transformar la política de vivienda en España para que esté a la altura del mandato de la Constitución. Esto implica, entre otras cosas, poner límites a los alquileres abusivos, aumentar el parque de vivienda pública y penalizar la especulación, que convierte los hogares en activos financieros al servicio de fondos buitre. Estas medidas no son propuestas radicales, sino herramientas necesarias para corregir las desigualdades que el mercado, por si solo, no es capaz de regular de manera adecuada. Ni nunca lo va a hacer.

El contexto actual refuerza la urgencia de este debate. Según el Banco de España, más del 30% de los hogares españoles destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. Mientras tanto, miles de viviendas permanecen vacías en manos de grandes tenedores. En este escenario, la inacción equivale a una traición al espíritu de justicia social que inspiró la Constitución.

El derecho a la vivienda no es negociable. Es una piedra angular de cualquier sociedad justa y democrática. Esto no significa acabar con la propiedad privada, sino reequilibrar la balanza para que el interés general prime sobre los intereses especulativos. En línea con los países europeos más avanzados, se trata de entender la vivienda como un bien de primera necesidad, como la sanidad o la educación.

El Día de la Constitución debería servir para recordar que no basta con celebrar los derechos sobre el papel; es imprescindible trabajar para materializarlos. En este sentido, la vivienda es el mejor ejemplo de un derecho que debe dejar de ser un lema vacío para convertirse en una realidad tangible. España no puede permitirse una democracia a medias, donde las grandes mayorías sigan sufriendo problemas estructurales, mientras una minoría acumula para sí toda la riqueza.

La Constitución Española nos marca el camino; es hora de recorrerlo con valentía. Y comenzar, entre otras muchas cosas, por garantizar el acceso a una vivienda digna no es solo cumplir con la ley suprema del país, sino construir una sociedad más humana y solidaria. En esta tarea no debemos retroceder ni un paso. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero, sobre todo, es un derecho humano.