¿No merecen los ciudadanos un aprobado general?

¿Por qué no un aprobado general para todas esas licencias y autorizaciones que tenemos pendientes? ¿Es que nos las van a 'dejar para septiembre'? ¿No era bastante ya el retraso que sufríamos hasta ahora? ¿Vamos a repetir curso? Esa otra encuesta, 'Sin-Prisa', nos dicen que las licencias de obras y de actividad se demoran en los ayuntamientos de España con una repercusión sobre la vida económica nacional inaceptable. ¿Puede tardarse más en obtener una licencia que en hacer una obra?

Más allá de este retraso a la iniciativa, la inversión y la generación de empleo, las obras han estado parando, paradas o pendientes de arrancar durante esta larga cuarentena de incertidumbre, con órdenes contradictorias y directrices que han sumido al sector en una situación muy difícil.

Cumplido ya lo más duro, sin llegar a aclararse del todo las dudas, se supone que los ayuntamientos y sus servicios técnicos están teletrabajando. Aunque se suspendieran los plazos administrativos, no se ha suspendido la labor administrativa, por lo que los trámites debieran seguir. Digo debieran y digo supone, porque tenemos noticia de que ni el procedimiento es tan electrónico como debe, ni el trámite se está solventando con la diligencia, economía y eficacia exigible a una administración en situación tan dura y penosa para la sociedad que administra, a lo que añadimos que las licencias aún se tengan que tramitar en papel.

Hay otra asignatura en particular que suele atragantarse, quizá no se explica bien, como las matemáticas, y esa es la reconstrucción. Rehabilitar, regenerar, reconstruir, reparar, reacondicionar. En cualquiera de sus versiones la reutilización de los edificios. Esta asignatura, troncal, que llevamos para todas las convocatorias, nos ayuda a facilitar el acceso a la vivienda, la renovación energética, mayor sostenibilidad, mayor accesibilidad, adaptación a las necesidades de una población envejecida, a mejorar las condiciones de salud pública. Este confinamiento nos ha dejado bien claro lo fundamental de mejorar y renovar las prestaciones de nuestras casas.

La rehabilitación en España se sitúa de 8 a 10 veces por debajo de la media de los países europeos con los que podemos compararnos. En la reconstrucción está la parte más ágil y adaptativa del sector de la construcción y precisamente este, casi un sector económico en si mismo, al que siempre se acusa de falta de competitividad, baja cualificación, de estar formado por autónomos y microempresas, sospechoso siempre de economía sumergida, es sin embargo el que puede ser motor económico para la recuperación de la economía nacional. Esta actividad se basa en la inversión de las familias, contraída por la percepción de la incertidumbre que afectará a sus recursos económicos, pero que puede impulsarse de modo inmediato con políticas públicas de incentivo fiscal.

Tras el impacto sobre la salud pública de la pandemia, la perdida masiva de puestos de trabajo provoca un círculo vicioso de reducción de riqueza, aumento del gasto en desempleo, reducción de los ingresos públicos y aumento del déficit. La prioridad de la reactivación se centra en la creación de puestos de trabajo y el sector de la rehabilitación podría generar 400.000 nuevos empleos en España, absorbiendo perdidas de ocupación de otros sectores: turismo, ocio y restauración, tradicionalmente ligados al de la construcción.

En la reconstrucción no se moviliza el factor de coste del suelo y su carga financiera, son muchas pequeñas inversiones, por lo que todo el capital que se moviliza tiene una elevada tasa de retorno fiscal y supone un ahorro en prestaciones por desempleo que facilita la recuperación casi total de la inversión pública.

Se estima que, por cada millón de euros de inversión en rehabilitación se generan 18 puestos de trabajo (fuente Erese), lo que permite evitar un 20% de esa cantidad en prestaciones de paro y el retorno fiscal mínimo se sitúa en el 25% (fuente CEOE); es decir, el 45% de la inversión total realizada acaba contribuyendo a reducir el déficit público.

El apoyo público a la rehabilitación mediante exenciones fiscales permitiría, sin liquidez inicial, movilizar recursos privados, implicar a los ciudadanos en la recuperación, favorecer la inversión, el ahorro, la actividad y el trabajo, limitando el gasto social y la deuda pública desde el corto plazo, evitando inversiones del Estado. Establezcan un sistema de exención fiscal y desgravación a la inversión privada en reconstrucción, en rehabilitación de cualquier tipo de vivienda propia o en alquiler. Faciliten, agilicen, descarguen. Urge. Si no nos dan 'aprobado general', por lo menos «que no nos las dejen para septiembre». España no puede repetir este curso.