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Primero. Hay anuncios que saben cumplir con su propósito: impactar en la gente y persuadir para que sigan su consejo. El de la empresa de alarmas es magnífico. Dos vecinas comentan: «Pues yo he puesto una alarma, porque hoy en día..., que si entran a ... robar, que si se te mete alguien en casa...». La empresa que vende alarmas sabe que mucha gente tiene miedo a que su vivienda habitual, o su casa de vacaciones, sea 'okupada'. La población ha escuchado muchas noticias y ha asistido a conversaciones sobre este asunto. Y la preocupación crece, y el temor se contagia. Esto se llama «inseguridad ciudadana», e implica pérdida de libertad.
En Sociología es famoso el teorema de Thomas: «Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias». Es decir, si pensamos que nos pueden a entrar en casa, como le ha ocurrido al vecino, o como hemos escuchado que le ha sucedido a alguien, entonces pondremos otro cerrojo, o una puerta acorazada, o contrataremos una alarma. La consecuencia de esos sucesos, reales o imaginarios, es el temor, y la respuesta es tratar de protegernos (por supuesto, las empresas de seguridad están encantadas: el miedo de la gente beneficia a sus negocios).
Segundo. En una reunión de vecinos uno informa de que hace unos meses ocuparon el piso de un familiar. Y relata: «Se trata de un piso en alquiler; al poco tiempo de marcharse el último inquilino, dieron una patada en la puerta y 'okuparon' la vivienda. La policía dijo que como habían pasado más de dos días ya no podían intervenir. Alguien sugirió que contratásemos a una empresa que se dedica a asustar a los intrusos. Tratamos de razonar con los invasores y la respuesta fue como en las películas de la mafia: nos marchamos por 4.000 euros. Procedimos por lo legal y el asunto se alargó durante meses. Durante ese tiempo: los ocupas alquilaron el piso a otros, se engancharon a la electricidad de la comunidad y tuvieron atemorizados a los vecinos. Al final, dejaron destrozado el piso». En su relato, el vecino transmite impotencia, desesperación, incredulidad, desamparo y rabia. Y un gran sentimiento de injusticia: «¿Qué hacen las instituciones que no nos protegen?». «Como en las películas, ¿tenemos que defender nuestra propiedad con pistolas?».
Tercero. Los medios de comunicación han informado de casos como el que acabo de relatar. El Diario Montañés ha dedicado reportajes al problema; así, Marta San Miguel entrevistó a profesores de Derecho Penal, abogados, fiscales y miembros de asociaciones de vecinos. También aclaró los términos: usurpación, allanamiento, desalojo y desahucio. Otro reportaje de este mismo periódico expuso: «La ocupación de viviendas se puede calificar de 'serpiente de verano', pero ha generado alarma social»; y continúa: «los allanamientos de primeras residencias de particulares son la excepción y, en su caso, los propietarios recuperan el piso de forma casi inmediata».
El asunto se ha convertido en materia de debate político y ha llegado al Parlamento. El vicepresidente Iglesias ha dicho que el problema de la vivienda no es la 'okupación', sino el alto precio de los alquileres, la especulación y que los «fondos buitres» son el principal casero de España. Sí, el problema es complejo y tiene muchas vertientes. En un extremo está la familia sin trabajo, con varios hijos y en situación de pobreza extrema, que es desahuciada por una entidad financiera o una gran inmobiliaria. También nos encontramos con familias sin recursos, sin ayudas sociales, que un día, desesperados, se meten en la vivienda de un edificio abandonado. Por otro lado, están casos como el relatado. Frente a las tres situaciones mi valoración sería diferente.
El tema que nos ocupa y preocupa está estrechamente vinculado con las diversas posiciones político-ideológicas y sociales. Así, algunos subrayan el derecho a una vivienda y la defensa de los sectores más desprotegidos de la sociedad; otros hablan del derecho a la propiedad privada. Se replica que esta propiedad también tiene una dimensión social y, por tanto, en aras de la función social, se puede limitar el poder del propietario.
Hay quien ve la 'okupación' (con 'K') como un mecanismo de lucha contra la sociedad capitalista («La propiedad es el robo», declaró Proudhon) y como un símbolo de oposición frente la cultura burguesa.
Cuarto. Leo en la prensa: «La Fiscalía General dicta instrucciones para frenar con la mayor inmediatez las 'okupaciones'». Y, también, que Grande-Marlaska ha anunciado que el ministerio aprobará una instrucción para facilitar el trabajo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los desalojos inmediatos de casos de 'okupación'. Parece que se está encauzando la vertiente del problema que ha causado más alarma social y, a muchas personas, miedo, intranquilidad y desconfianza en las instituciones. Por otra parte, por supuesto, deben tomarse medidas económicas y sociales para ayudar a los más necesitados. Por último, los poderes públicos deben actuar para que los ciudadanos se sientan seguros; esta sensación forma parte de la calidad de vida.
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