47 millones de consumidores desprotegidos

Garzón ha utilizado su cargo de ministrable para demonizar a importantes sectores económicos de nuestro país entre los que está la carne, el queso, al aceite de oliva, las bebidas azucaradas, el turismo, los juguetes..., causando sustanciosas pérdidas económicas y un daño importante a la imagen de la marca España. Pero al gobierno de las chapuzas diplomáticas, técnicas y energéticas, también hay que sumarle las chapuzas legislativas.

El pasado 25 de marzo se publicó el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, al objeto de reforzar el control de la manipulación de las competencias deportivas y el fraude en las apuestas. Y lo que «a priori» parecía una modificación legislativa incompleta pero positiva para la regulación del sector y la defensa de los consumidores y usuarios más vulnerables, se ha acabado convirtiendo en una chapuza legislativa más de un gobierno que está acostumbrado a gobernar a golpe de Real Decreto, abusando de su poder y faltando al respeto a órganos tan representativos como el Congreso de los Diputados.

Los socialistas han introducido, por la puerta de atrás, modificaciones legislativas que nada tienen que ver con la regulación del juego, sector que les interesa más bien poco o nada, entrando directamente a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias para intentar paliar los graves errores legislativos cometidos en el R.D. 24/2021, de 2 de noviembre, que deja un agujero negro por donde pueden colarse los infractores, generando indefensión a los consumidores. El fin de este nuevo Decreto no es otro que recaudar más y decidir con criterios políticos y de forma arbitraria a quién, cuándo, cómo y por cuánto se sanciona por infracciones en materia de consumo.

Es muy grave que el objetivo del Ministerio de Consumo sea centralizar competencias con afán recaudatorio en detrimento de las autonomías, que son las competentes en la materia y las que disponen de servicios de inspección adecuados.

Al centralizar Garzón las competencias sancionadoras, 47 millones de consumidores quedan desprotegidos, con una enorme inseguridad jurídica y, todo esto, sin consultarlo ni consensuarlo con la Comisión Sectorial de Consumo, máximo órgano de cooperación entre la Administración General de Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas competentes en materia de Consumo.

El Partido Popular siempre apoyará cualquier medida que garantice el juego seguro desarrollado por los operadores y dirigido a los grupos de jugadores en riesgo. Estamos de acuerdo en dotar de rango de Ley las funciones de prevención y lucha contra el fraude y el amaño de los partidos, la protección de la integridad del deporte, de la ética deportiva y la integridad en los mercados de apuestas, que tiene asignado el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas, un servicio, por cierto, que en su momento creó el Partido Popular. Pero exigimos al Gobierno central que fije criterios homogéneos en materias tan fundamentales como la prevención y defensa de los consumidores y usuarios en el sector del juego, la armonización de criterios en cuestión de competencia y en la publicidad.

Nosotros defendemos a los más de 47 millones de consumidores que no llegan a fin de mes, a los consumidores más vulnerables, a todos aquellos que ven cómo los productos básicos de la cesta de la compra se disparan cada semana, o incluso cada día, que no pueden pagar los servicios básicos de agua, luz o gas o que tienen que prescindir de su coche porque es imposible llenar el depósito o costear su mantenimiento con los precios que están alcanzando los combustibles en las estaciones de servicio.

Pero nos preguntamos, ¿dónde están el señor Revilla y el Partido Regionalista de Cantabria? Si sus máximos logros en 44 años de historia de su partido son recuperar el nombre de Cantabria y ser una autonomía, luchen por sus competencias y no se dejen arrastrar por un servilismo que de nada les está sirviendo a los cántabros.

Este gran país no se merece un gobierno chapuza y los españoles lo saben.