Mirar al pasado sin miedo

El anteproyecto supone un sustancial avance respecto a la situación actual. Su principal novedad consiste en el establecimiento por primera vez de un límite temporal para los secretos de Estado -ahora pueden permanecer ocultos para siempre-, que llega hasta los 50 años, prorrogables otros 15. Un periodo a todas luces excesivo, muy superior al planteado por Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa y que la mayoría de las fuerzas políticas plantea recortar de forma sustancial. La apuesta del Gobierno por la regulación más restrictiva en este ámbito en la UE, aplicada en su versión más extrema, impediría conocer hasta dentro de casi un cuarto de siglo documentos relacionados con el fallido golpe del 23-F o los GAL. Se trata de una decisión equivocada. No solo porque la sociedad española tiene la madurez suficiente para enfrentarse sin miedo a las sombras de su pasado y el derecho a conocer lo que entonces sucedió, sino porque la desclasificación de material al respecto ayudaría probablemente a desmontar falsos relatos interesados en desprestigiar de forma torticera la Transición y los pilares sobre los que se asienta nuestro sistema democrático.

Es de esperar que la tramitación parlamentaria mejore el texto con las aportaciones de los distintos grupos y alumbre un acuerdo de gran espectro en una cuestión de Estado del que, por ese mismo motivo, el PP no debería quedar al margen.