Hacia un modelo óptimo de expansión de las renovables

Estamos a corto plazo ante una necesidad de hechos y calendarios concretos en la expansión renovable, máxime tras el impulso que desde la COP26 y los acuerdos multilaterales posteriores se ha dado en las últimas semanas. Este desarrollo de tecnologías cero emisiones es especialmente perentorio en aquellos territorios donde estas apenas han avanzado (la suma de la potencia instalada de renovables en Cantabria, Baleares, Canarias, País Vasco, Madrid y La Rioja apenas alcanza el 4% al cierre de 2020, según REE) y ante múltiples demandas de actores sectoriales de todo tipo que piden más concursos de renovables. Las autoridades se encuentran ante una situación en la que deben actuar rápido para establecer las reglas del juego, no sólo desde el punto de vista energético, sino en particular desde la perspectiva de protección ambiental y ordenación del territorio.

En este sentido, la combinación de estos tres vectores regulatorios permite hacer un proceso de desarrollo renovable ordenado y exigente con los promotores a la hora no sólo de mostrar sus capacidades técnicas y financieras, sino muy especialmente su estrategia de integración, protección y valorización medioambiental y territorial a lo largo de la vida de las instalaciones. Aquí emergen dos modelos diametralmente opuestos: aquellos que conciben y ejecutan los proyectos con metodología 'bottom-up' construidos desde el territorio con estricta observancia de los estándares socioambientales fijados; y aquellos otros que implantan modelos 'top-down' que consideran las variables social o medioambiental como 'menores' (por mucho que puedan estar presentes en sus discursos) o que pueden ser susceptibles de ser 'arregladas' a posteriori.

La ausencia en algunas regiones españolas de marcos de ordenación del territorio y evaluaciones de impacto ambiental actualizados -combinado con la laxitud de la regulación nacional en lo concerniente a la solicitud de puntos de conexión a la red y subastas de renovables- ha permitido la proliferación de proyectos que, en muchos casos, sólo se han quedado en eso, los cuales han provocado tensiones y rechazos en amplios sectores de la población, sin que hubiera habido necesidad de ello (el caso de los agricultores, propietarios de suelos, industrias o movimientos conservacionistas) si se hubieran hecho las cosas bien.

En este momento, la tecnología disponible (y más aún los últimos avances en construcción, integración y diseño) y los métodos de construcción, permiten armonizar las instalaciones de renovables con el territorio. Y en aquellos casos donde el impacto es inevitable (por razón visual, paisajística, ambiental o de uso del suelo), existen amplias posibilidades de compensación. Aquí juega un papel esencial la 'Declaración de Impacto Ambiental' (DIA) la cual, si bien es exigente, da el marco de juego apropiado para construir desde la base un proyecto armónico con el territorio.

Pero no sólo es una cuestión social o ambiental. También los dos modelos de expansión de renovables chocan en su estrategia de medio plazo, especialmente en su modelo de negocio y estrategia financiera. Al igual que está sucediendo con otros sectores productivos, el mundo renovable no es ajeno a la especulación o, mejor dicho, a la utilización de algo tan importante como es el desarrollo de potencia instalada renovable como una mera inversión financiera para obtener plusvalías rápidas con un modelo de desarrollo en permanente conflicto con el territorio. Es fundamental dar paso a aquellos proyectos acometidos por actores estables y con un compromiso real de permanencia en el territorio, y al mismo tiempo, cerrar el paso a quienes no lo cumplan.

En suma, es necesario avanzar en un modelo óptimo de expansión de las renovables, con naturaleza 'bottom-up' y que no genere ninguna duda allá donde se desarrolle. Está en jaque la capacidad de España de cumplir sus compromisos internacionales y, lo que es aún más importante, la seguridad del suministro energético al haber renunciado a otras fuentes de energía limpia tradicionales por decisión de la política energética.