Momento severo

Siempre resulta censurable, sea el Gobierno del color político que sea, que se emplee el BOE no únicamente para objetivos de alcance institucional que repercuten en el conjunto de la sociedad, sino extendiéndolos a la estrategia partidaria. La sensación que cunde de que el presidente recurre a su margen de maniobra en el decreto anticrisis para la declarada pretensión de responder a las necesidades de la ciudadanía, pero también para oxigenar su ejecutoria después del descalabro del 19-J, resulta perjudicial para la credibilidad de su reacción frente a una espiral inflacionista que no cesa y agudiza la inquietud social. Máxime cuando el Gobierno acaba adoptando una medida -el recorte impositivo en la factura de la luz- sin consenso cerrado entre sus socios y tras haberse negado durante semanas a aplicarla como le requería el PP.

El momento en que se encuentra el país es severo. Lo es por las estrecheces que está soportando parte de la población por la desbocada subida de los precios en la alimentación y la energía, derivada del impacto de la guerra en Ucrania pero también de algunas singularidades de la economía española. Y lo es por la inestabilidad de un marco político ahogado por la polarización y la falta de acuerdos asentados en mayorías sólidas, plurales y transversales. Las urgencias de este trance exigen, en primer término, que el Gobierno no contamine la relevancia social del plan que aprueba pasado mañana amplificando las disonancias entre el PSOE y Unidas Podemos. Y, después, que se trabaje un posible acuerdo que comprometa al PP, en tanto que líder de la oposición, para que el decreto no se vea sometido a otra votación incierta y al límite como la de hace dos meses largos.