Vilaboa Uno, o el reflejo de una política errónea

Lamentablemente, no se trata de un caso aislado, sino que es uno más de los muchos que se vienen registrando en la flota pesquera española, que acumula el mayor índice de siniestros de todos los sectores productivos de nuestro país. Hace solo unos días, ha desaparecido en aguas de Cantabria otro tripulante de origen peruano, mientras faenaba en el buque Xoel Novo frente a San Vicente de la Barquera.

Que se hunda un barco poco después de salir de puerto, con la mar en calma y en «perfectísimo estado», según dice su armador, es un hecho insólito. Si a ello se añade que el Vilaboa Uno fue previamente despachado por la Capitanía Marítima de Santander –dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante–, aún se encienden más alarmas. Todo ello induce a sospechar que, o no se está diciendo la verdad, o ha habido otros factores que deben ser investigados. Los responsables políticos deben explicar lo ocurrido.

Es muy significativo que más de dos semanas después del hundimiento del Vilaboa Uno, los responsables políticos de la Seguridad de la Vida Humana en la Mar no se hayan dignado a dar una explicación seria y coherente de lo ocurrido, con independencia de las investigaciones oficiales que están en marcha. Lo que han hecho hasta ahora ha sido esconderse, ocultar información, militarizar innecesariamente las operaciones, eludir sus responsabilidades y despreciar a las familias de las víctimas, a las que ni siquiera han contactado.

El Sr. Revilla bien podría haberse ahorrado su puesta en escena.

Hay razones suficientes para plantear serias dudas sobre el estado real del barco y la gestión del accidente. ¿Cuándo se realizaron las últimas reparaciones e inspecciones del caso del Vilaboa Uno? ¿Cuándo fue despachado ese pesquero por última vez? ¿Cuándo se tomaron por última vez los espesores de las planchas del casco?

¿Cuándo se realizó a bordo el último simulacro obligatorio de abandono del barco? ¿Pulsó el patrón el botón de la llamada selectiva digital? ¿Qué títulos y certificados oficiales tenían los tripulantes?

¿A qué hora informó el patrón a Salvamento y al armador de lo que estaba ocurriendo a bordo?

¿Utilizó el patrón los cauces reglamentarios para ordenar el abandono del barco? ¿Por qué no se pudieron utilizar las balsas salvavidas?

Afortunadamente, armador y patrón están vivos, y deberían dar una versión veraz de unos hechos que se supone que conocen perfectamente.

¿Cómo justificar la clamorosa demora de los Servicios de Salvamento Marítimo? Su capacidad de respuesta ha sido nula. ¿Cuánto combustible y aceites permanecen a bordo?

El bipartidismo ha demostrado a lo largo de décadas de gobiernos alternativos que es incapaz de dotar a España de una política de Marina Civil acorde con su condición de país marítimo. Madrid sigue quedando muy lejos de la costa, y la tecnoburocracia sigue sin entender que el Cantábrico nada tiene que ver con el estanque del Retiro. Y que los pescadores, por encima de todo, son personas con plenos derechos. Que el derecho a la vida y a la integridad física son derechos fundamentales, y han de prevalecer frente a cualesquiera otros intereses.

La tolerancia desmesurada con el riesgo, como está ocurriendo en la mar, no mejora la cuenta de resultados del sector, todo lo contrario; es un derroche de vidas, de medios y de calidad medioambiental, un fracaso para toda la sociedad.

La pesca y el pescado de mar son imprescindibles para la sociedad de nuestro tiempo, pero si la actividad pesquera no se dignifica y no se mejoran las condiciones de vida de los pescadores profesionales, terminará por convertirse en una ruina.

El Gobierno no debería permanecer de brazos cruzados y en posición de ausente, a la vista de lo que está ocurriendo. Por parte del Gobierno se deberían adoptar medidas claras y eficaces.

La situación actual no es defendible. Y por favor, no deriven los resultados de la investigación y las medidas correctoras a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), cuya trayectoria de manipulación e inoperancia es ya bien conocida.

La ciudadanía espera algo más que promesas electorales y compromisos envasados al vacío.

Las normas vigentes deberían cumplirse, y las familias de las víctimas han de ser tratadas y recompensadas como se merecen.