El mundo, al revés

En España en general, y en Cantabria de forma particular, existen vicios que, por formar parte del paisaje apenas si los percibimos. Uno de los más evidentes, a la par que costoso, es el de buscar usos a los inmuebles vacíos, siempre claro que sean de propiedad pública y, por tanto, el dinero a malgastar sea de todos o en palabras ministeriales «de nadie».

El comportamiento lógico funciona justamente al revés: cuando un inmueble se ve desbordado por el crecimiento de los funcionarios, de los usuarios o se pone en marcha un nuevo proyecto que requiera local en el que instalarse, se trata de encontrar un lugar apropiado. Si es posible, con el mínimo coste y con vistas a que no genere problemas de comunicación vial.

Cuando se tiene una necesidad el gobierno trabaja para atenderla. Esto, tan básico, se olvida en muchos casos y se produce el fenómeno contrario. Un inmueble de propiedad pública queda vacío y en lugar de desprenderse de él y con el dinero obtenido, solucionar otros problemas, se trata de idear un nuevo destino, siempre con una inversión de dinero público

Este asunto, tantas veces repetido a lo largo y ancho de la historia local, ha vuelto a mi mente a raíz de una reciente conferencia, en la que el arquitecto responsable del urbanismo en Santander y el nieto del propietario de la casa y finca Mataleña, un magnífico edificio abandonado sobre la playa de Mataleñas, explicaron el origen de esa casa y su actual situación de profundo deterioro.

Tras la completa y documentada exposición del arquitecto y los recuerdos del nieto del dueño de la mansión, se abrió un turno de preguntas. De inmediato comenzaron a sugerirse posibles usos para ese inmueble, de indudable valor arquitectónico y enclavado en un paisaje espectacular. La casa construida sobre la ensenada de Mataleñas es ahora propiedad del Ayuntamiento de Santander y, sin pensarlo mucho, algunos de los asistentes a la conferencia buscaron destinos para el inmueble y la finca.

Esta forma de actuar constituye un error. La administración, en cualquiera de sus niveles, debe tener la austeridad como norma y el objetivo de atender las necesidades de los administrados, pero no en rescatar edificios o llenar estancias con despachos y personal. Cuando un organismo público se hace cargo de un edificio el problema no se reduce al dinero a invertir en remodelarlo para el nuevo destino, sino en el coste que a lo largo de los años supondrá el mantenimiento de esa iniciativa.

Una frase cierta es aquella que compara a los funcionarios con el gas. Los físicos demuestran que los gases tienden a expandirse hasta ocupar todo el espacio y los funcionarios hacen algo similar: van multiplicándose hasta que la oficina inicial se queda pequeña y es necesario ampliar o trasladarse a otra de mayor tamaño.

Otorgar destinos no imprescindibles a los edificios vacíos es una manera de magnificar los gastos dependientes del dinero público. En Santander tenemos algunos inmuebles cerrados durante años. En la esquina de la calle Santa Lucía con López Dóriga, conocida popularmente como la cuesta de las cadenas, existe un palacete con valor artístico que fue inicialmente la vivienda consulta de un médico y más tarde la sede de la Cámara de la Propiedad. Desde hace lustros, ese edificio ha pasado de unas manos a otras, siempre en el ámbito de lo público. Es otro candidato a engrosar el patrimonio municipal, regional o estatal... es decir, a incrementar el gasto público sin atender a una necesidad evidente.

Otro gran edificio que sigue entre los aspirantes a nuevo destino es la antigua residencia Cantabria. Tras seis años cerrada, el pasado viernes, El Diario Montañés informó, en exclusiva, que podría tener uso como hotel para familiares de pacientes y residencia de médicos. Ese destino es lógico y necesario y debería atenerse a un criterio de sostenibilidad: ser económicamente viable para que no sea otra carga más al presupuesto regional.

Las personas tenemos que ser conscientes de los objetivos que deben cubrir los gobiernos, que no son otros que garantizar el acceso universal y asequible a las necesidades esenciales y dejar que la iniciativa privada cubra el resto. Es mejor vender que elucubrar con el uso de un edificio público vacío.