Nadar y guardar la ropa

Desde el año 2012, y por una modificación de la Ley del Suelo promovida por el Partido Popular, se puede construir vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico en Cantabria.

No en cualquier lugar, ni de cualquier manera, sino en zonas próximas al suelo urbano y a los núcleos rurales y con condiciones. Así ha sido durante la última década y así es a día de hoy.

Sin embargo, el Gobierno pretende aprobar una ley que supone un enorme paso atrás, puesto que prohíbe su construcción en unos casos y la restringe en otros, hasta convertirla en una excepción. Ni la facilita ni la flexibiliza como pretende hacer creer la consejería regionalista de Urbanismo, que está jugando a sembrar confusión y lanzando mensajes falsos porque quiere al mismo tiempo contentar a su socio del PSOE y engañar a los cántabros, tratando de hacer ver que aquí no va a pasar nada y que todo se va a quedar igual.

Y de eso nada. La nueva regulación prohíbe estas construcciones en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los demás solo las permite cuando no haya suelo urbanizable en el entorno del suelo urbano, reduciendo el ámbito de crecimiento de los 200 a los 100 metros y restringiendo al máximo la superficie a ocupar y el número de viviendas a construir.

Pero no queda ahí la cosa. Los denominados núcleos rurales pasan a ser suelo rústico, abortando su forma de crecimiento tradicional y la posibilidad de construir vivienda a su alrededor. Prohibiciones, restricciones y todas las trabas del mundo, hasta un impuesto nuevo para penalizarlas.

Que nadie se llame a engaño: si se aprueba esta ley, construir vivienda unifamiliar en suelo rústico va a ser una misión imposible. Otra cosa es que cuando hemos alertado de sus intenciones y del desgaste social que acarrea, el PRC y el PSOE se hayan puesto de acuerdo para demorar la prohibición dos años y evitar que el problema les estalle antes de las elecciones. Lo que pase después les da igual.

Nosotros no renunciamos a que se pueda seguir construyendo vivienda unifamiliar en suelo rústico en Cantabria. Vamos a seguir defendiendo que se mantenga un modelo que funciona desde hace una década; que responde a una demanda social, que permite dinamizar económica y socialmente las zonas rurales, que aporta seguridad jurídica y estabilidad al urbanismo y que se ha demostrado absolutamente compatible con la protección y conservación del suelo rústico y de nuestro territorio.

Porque aquí no ha habido especulación ni se ha arrasado con todo como afirman la izquierda y los ecologistas, sino un crecimiento ordenado, racional y sostenible.

No se trata de asfaltar Cantabria como sostiene el PSOE, que dice un no rotundo a estas construcciones y que, como estamos viendo, es quien dicta también la política urbanística frente a un PRC cautivo de su pacto de gobierno y de los dogmas de la izquierda.

Nosotros ya hemos dado pasos en defensa de este modelo, el primero, ofreciendo a Revilla nuestros votos para dejar las cosas como están. Le trasladé personalmente que no tenía que seguir sometido a las imposiciones de los socialistas, que tenía la opción de aprobar la ley con el PP y su respuesta fue condicionar cualquier entendimiento al beneplácito de su socio, darle la llave del acuerdo.

El segundo ha sido movilizar a toda nuestra fuerza municipal y, el tercero, nuestras enmiendas al proyecto de ley, otra oportunidad para que el Gobierno rectifique y dé marcha atrás en una regulación que implica retroceso, recorte de derechos y pérdida de oportunidades y que la mayoría social no quiere.

Nuestra filosofía es clara: descartemos lo que no ha funcionado, mejoremos lo que haya que mejorar, pero no creemos problemas donde no los hay. Facilitemos las cosas. La nueva ley no puede suponer un gravísimo paso atrás en una situación consolidada que sólo ha traído beneficios a nuestros pueblos, ni puede venir a recortar actuaciones o inversiones. Eso no es seguridad jurídica, es frenar nuestra competitividad.

Y tampoco es de recibo que se pretenda engañar a los cántabros diciéndoles que durante dos años vamos a seguir igual y que cuando pasen las elecciones ya veremos, porque no es cierto. La construcción de vivienda unifamiliar y de instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, ocio y turismo rural en suelo rústico será excepcional y totalmente arbitraria, en manos de una Crotu cada vez más restrictiva.

La ley dice lo que dice y si se aprueba como quiere el Gobierno, el retroceso es inaceptable. Esto es bien sencillo: para que las cosas sigan igual, dejemos las cosas como están. Para eso, nuestra mano sigue tendida.