La nueva PAC

Un primer asunto, el presupuesto. Según el PE, el 60% de la dotación del primer pilar de la PAC se destina al pago básico (ayuda para compensar la renta de los agricultores/ganaderos), pero este porcentaje incluye ayudas asociadas y pago redistributivo (no figura en la posición del Consejo). Consecuentemente, si un Estado decidiera dedicar el porcentaje máximo permitido a las primeras (13%) y segundas (12%), quedaría un 35% del primer pilar para el pago básico. España encaja en esa posibilidad. ¿Bastaría ese porcentaje del primer pilar para atender al pago básico, que cálculos expertos sitúan en un 44%.

Otro más, los ecoesquemas. El MAPA asegura que las prácticas de pastoreo extensivo serán el «primer ecoesquema» propuesto; la ganadería extensiva encaja en la nueva PAC, es «particularmente compatible» con los objetivos medioambientales y de bienestar animal. Serían el nuevo componente verde PAC, pero no sustituyen al Pago Verde, que desaparece, aunque no sus normas de cumplimiento (diversificar cultivos, pastos permanentes, superficies de interés ecológico); habría que respetarlas para percibir el pago básico, además de la condicionalidad reforzada.

El MAPA quiere que la mayoría de las producciones puedan optar, al menos, a un ecoesquema. Hay ficha de siete ecoesquemas. Cantabria podría acogerse al «sumidero de carbono en suelos y prevención de incendios mediante ganadería extensiva»; serían beneficiarios los ganaderos de vacuno, ovino, caprino y equino, titulares de explotaciones de producción y reproducción, y pasto, compatible con la realización del pastoreo (producciones de leche, carne, mixtas; 120 días como mínimo). La carga ganadera, entre 0,2 y 0,8 UGM/ha para dehesa y pastos mediterráneos, de 1,2 para pasto de puerto y de dos para pastos húmedos (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco). Esta cifra la superan las mayoría de las explotaciones lecheras de la región. 120 días de pasto no parecen posibles en bastantes situaciones.

La Fundación Savia recuerda que la nueva PAC viene cargada de buenas intenciones socioambientales, para primar especialmente a los productores que se esfuerzan en atenderlas. Se han creado esperanzas en el sector de la ganadería extensiva, porque han creído tener el MAPA a su favor, para que aquella se aplique en España según sus objetivos medioambientales. Pero ese sector también sabe lo difícil que resultará introducir cambios esenciales en el reparto de ayudas a la renta al suprimir los derechos históricos. Tales cambios implican restar euros a regiones en que los productores cobran mucho (hasta 1.400 euros/ha) y atribuirlo a regiones ganaderas que cobran poco (menos de 60 euros/ha). La Fundación lamenta que se confunda a los ganaderos pregonando que la ganadería extensiva será beneficiada, pero sin aclarar cómo. Sí, tendrán ecoesquema, 20-30% de los pagos directos, pero no se dice que los ecoesquemas sustituirán al Pago Verde, que ahora cobran estos ganaderos y supone 30% de los pagos directos actuales.

En la futura PAC, el agricultor genuino sería el beneficiario de las ayudas. Hay que definir quién lo es; el MAPA ha propuesto que quien tenga ingresos agrarios en un fijado porcentaje de sus ingresos totales. Podría ser 20%, 25% o 30%. Según cruces de datos (MAPA-Agencia Tributaria), si se eligiera el 20%, quedarían fuera el 29% de los actuales perceptores de la PAC; si fuera el 25% serían excluidos un 34% y si fuera el 30% resultarían no genuinos el 39%. Por CC AA, si se escogiera el 20%, el porcentaje de perceptores excluidos variaría: Baleares 61%, Madrid 41%, Comunidad Valenciana 40%, frente a Galicia 24%, Castilla y León 22% y Cantabria 12%. También quedan por decidir los pagos redistributivos, importantes para Cantabria, una redistribución de pagos básicos de las explotaciones más grandes a las más pequeñas o medianas.

En fin, está acordado establecer un «capping» obligatorio y limitar a 100.000 euros/explotación el pago básico que puede recibir. En este umbral descontaría el coste del empleo registrado por las explotaciones (referencia, coste salarial asociado al salario mínimo interprofesional). Se estudia aplicar la degresividad, o reducir las cuantías percibidas por pago básico entre 60.000 y 100.000 euros/explotación. Según el MAPA, en España 934 beneficiarios cobran más de 100.000 euros de pago básico y se verían afectados por « capping»; 2.928 explotaciones por la degresividad.