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El Gobierno del Partido Socialista, ni tan siquiera en coalición con Unidas Podemos, tiene mayoría suficiente para poder gobernar, por lo que debe apoyarse en partidos independentistas que solo tienen su propio interés y no el general de España. Ello es consecuencia de ... una ley electoral, hecha provisionalmente en 1977 para las primeras elecciones democráticas, que dificulta a quien gana las elecciones obtener mayorías suficientes para poder gobernar. Esta dificultad se ha puesto de manifiesto, una vez más, en las últimas elecciones generales en las que se han vuelto a resaltar las notables diferencias que existen a la hora de conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados por los distintos partidos políticos que tienen representación en tal Cámara.
Así, tomando como base los votos obtenidos por Ciudadanos y los diputados que con ellos obtuvo, vemos como el PSOE, con 4,12 veces más de votos que aquel, sin embargo obtuvo 12 veces más de diputados, o el PP, con 3,06 veces más de votos, obtuvo 8,9 veces más de diputados. Igualmente VOX, con 2,22 veces más de votos que Cs, obtuvo 5,2 veces más de diputados, o UP, con solo 1,44 votos más que aquel obtuvo 3,5 veces más de diputados.
Si analizamos los partidos nacionalistas, vemos que también se producen diferencias muy importantes. Así, mientras ERC obtuvo el 53% de los votos de Cs, sin embargo, consiguió 1,3 veces más de diputados o JpC, con el 32% de sus votos obtuvo el 80% de los diputados de aquel. Por su parte, el PNV con solo el 23% de los votos de Cs obtuvo el 60% de los diputados y Ehbildu, con el 17% de sus votos obtuvo el 50% de sus diputados.
A la vista de los datos anteriores es claro que la ley electoral actual tiene unas disfunciones muy importantes que es preciso corregir, ya que no representa, ni mucho menos, la decisión del conjunto de ciudadanos españoles. Así vemos como los partidos de ámbito nacional, en función de que sean los primeros, segundos o terceros en el número de votos obtenidos en las pequeñas circunscripciones provinciales consiguen un número totalmente desproporcionado de diputados con relación a la suma de los votos obtenidos a nivel nacional por uno u otro partido. Igualmente, partidos radicados en circunscripciones muy reducidas, como son los nacionalistas, con un número de votos muy pequeño en el conjunto nacional, obtienen una proporción de diputados muy superior al del resto de partidos que se presentan en la totalidad del territorio nacional y que representan a un número notablemente superior de ciudadanos. Ello hace que tales partidos puedan condicionar la gobernabilidad del conjunto de España y con ello distorsionar lo que la gran mayoría de españoles han manifestado en las urnas.
A este respecto, ya en 1990 expuse, en un artículo publicado en este mismo periódico, la necesidad de cambiar nuestra ley electoral, dado que la vigente, previa a la Constitución, fue hecha en un momento en que era necesario fortalecer a unos partidos políticos recién creados o que, aunque antiguos, carecían de la adecuada estructura y basamento. Sin embargo, ese poder que se les dio devino en un abuso total de los mismos sobre los ciudadanos, dado que estos sólo pueden votar una lista cerrada y bloqueada, elaborada por la dirección del propio partido, de tal forma que si quieren votar a uno de sus integrantes, aunque el resto no le gusten, no le queda más remedio que hacerlo a todo el conjunto, pues la lista es única y sin posibilidad de elegir de entre ella los candidatos que más le interesen.
Diversos son los modelos existentes en los países de nuestro entorno, desde la elección de los diputados en distritos unipersonales, a una sola vuelta o con doble vuelta, hasta la elección en un sistema proporcional, puro o corregido, en una única circunscripción, al estilo de las elecciones europeas, con una prima o no a la lista más votada y con un tanto por ciento mínimo, más o menos elevado, de votos sobre el total para ser dada por válida, pasando por uno mixto en el que una parte de los diputados se elijan en circunscripciones unipersonales y el resto en una lista única. ¿Cuál es el mejor? Todos tienen ventajas e inconvenientes, por lo que lo lógico es que eligiéramos aquel que facilitando la rápida formación de un gobierno estable y más se aproxime a que todos los votos emitidos valgan lo mismo y, sobre todo, impida que los intereses del conjunto de los españoles queden a merced de quienes quieren acabar con el régimen democrático que todos los españoles nos dimos en 1978 o, simple y llanamente, pretenden destruir España y que, en tanto lo consiguen, obtienen ventajas y beneficios que a los demás les es negado.
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