La nueva inquisición

Los síntomas de la vuelta a los modos del Santo Oficio son cada día más evidentes. Un grupo de jefes de prensa, de diferentes grupos parlamentarios en el Congreso, han emitido un comunicado con una descalificación hacia periodistas que, con maneras extremadamente correctas, han preguntado a los diputados por asuntos de actualidad que, eso sí, pueden resultar incómodos para los interpelados. Este hecho se ha interpretado como periodistas que censuran a sus colegas. Realmente no es así. Los jefes de gabinetes de prensa desempeñan una labor no solamente respetable, sino necesaria, pero desde el momento en el que su tarea no es la de informar objetivamente, sino la de representar la opinión de un partido político, su trabajo no es lo que se entiende como periodístico, sino como de comunicadores que, legítimamente, trabajan para difundir mensajes de los políticos.

Los movimientos involucionistas resurgen con más empuje del esperado. La cancelación de filósofos, artistas, científicos, políticos, etc. se extiende por la geografía de los países libres. La paradoja se produce porque el movimiento neocensor nace en los entornos más abiertos y progresistas, especialmente en la universidades norteamericanas y británicas. La persecución de quienes defienden ideas o teorías contrarias a la corriente principal, marcada por una minoría elitista, es una práctica que recuerda los tiempos del macartismo en los Estados Unidos. De una forma elusiva, sin imponer claramente sanciones, se cancela a quienes no acepten los principios de la nueva forma de entender el mundo.

Los 'popes' de la nueva política manejan una buena parte de los medios de comunicación y en ellos silencian las voces disidentes para asentar sus tesis como dogmas. El poder de influir en los temas y las informaciones que conduzcan hacia determinados debates, es fundamental en la construcción de la opinión pública. La cancelación no solamente consiste en desterrar a quienes piensan de manera diferente, sino en eliminar de la agenda de los temas sobre los que informar y debatir, sobre lo que puede contrariar las tesis preconcebidas.

La vuelta a la censura, con otras formas y de manera sutil, es un grave paso atrás para la democracia. La libertad es uno de los pilares de las sociedades avanzadas y abiertas. Históricamente los regímenes totalitarios han actuado contra el derecho información y de opinión como una primera y esencial medida para controlar a las personas. No se debe aceptar este modelo de nueva censura, que destierra cualquier opinión, análisis o noticia que contradiga cualquiera de las 'verdades' impuestas por quienes gobiernan.

El proyecto de crear un organismo público, un comité de la verdad, para denunciar bulos o noticias falsas es un instrumento que avanza en esa dirección, un método de censura perverso porque para que no parezca como tal, se disfraza con ropajes opuestos y se presenta como valladar de protección para que el estado defienda a los ciudadanos. La libertad no se debe vulnerar, e incluso se debe defender el derecho a equivocarse, porque en un ámbito plural existen medios para contrastar noticias y que cada cual forme su propio criterio. Quienes sostienen posturas claramente erradas -los terraplanistas, por ejemplo- están en su derecho al error y las personas deben poder oír, o leer esos dislates. La responsabilidad personal es el instrumento para rechazar ideas absurdas o equivocadas.

La corriente de sobreprotección del Estado respecto de la población es inútil e incluso peligrosa, porque concentra, en manos de quienes tienen el poder, una serie de herramientas sociológicas que comprimen los derechos y abocan, paso a paso, a una pérdida de la capacidad individual de pensar de una determinada manera.

Los nuevos modelos de censura representan una amenaza para la libertad, amenaza doblemente peligrosa cuando se presenta en forma de una legislación que predica lo contrario: la defensa de la verdad y la lucha contra la información falsa.