Y una nueva política fiscal común ¿pa' cuándo?

¿Qué se puede decir, entonces, acerca de esta necesaria política fiscal común? Pues que, hoy por hoy, sigue siendo una entelequia. El conocido como Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la gran norma que regula las finanzas públicas en el seno de la UE, se ha mostrado, ya desde su implantación, más como una rémora que otra cosa. En efecto, si alguien tuviera alguna duda al respecto, no tendría más que ver como su aplicación sólo sirvió para empeorar considerablemente las consecuencias de la crisis financiera de 2008 en unos cuantos países, singularmente en Grecia, pero también en España. El hecho de que su aplicación se relajara primero, y suspendiera con posterioridad, no hace más que confirmar que, por un motivo u otro, el mismo no ha servido ni para ayudar a estabilizar las finanzas públicas de los países europeos ni, sobre todo, para apoyar su crecimiento económico.

En este contexto, no es de extrañar que se alzaran numerosas voces (sobre todo procedentes de los países del sur) en favor de su reformulación, cosa que, si nada se tuerce por el camino, parece que ocurrirá en breve. De momento, la Comisión Europea ya ha lanzado una propuesta al respecto, que, en sus propias palabras, pretende ser «más simple, más transparente y efectiva, con mayor apropiación nacional y mejor cumplimiento, al tiempo que permite la inversión estratégica y reduce los altos índices de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida».

La propuesta de la Comisión, en efecto, otorga algo más de flexibilidad a los gobiernos nacionales (hay quienes hablan de ser un traje a medida) para encarar las situaciones económicas «complicadas y complejas» arriba mencionadas. Manteniendo como intocables los límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda, la propuesta se centra en hacer más creíbles, por ser más asumibles, las reglas fiscales, para lo cual se propone sustentarlas en tres pilares básicos. Por un lado, en unos planes de ajuste fiscal, consensuados entre los Estados y la Comisión, que, teniendo en cuenta el punto de partida de cada uno en materia de deuda, tendrían una duración mínima de cuatro años pero que podrán llegar hasta los siete si se ponen en marcha algunas reformas concretas; nada, pues, de ajustes draconianos, pues la regla del 5% de reducción del exceso de deuda sobre el 60%, la del déficit estructural, basada en una medida controvertida de la brecha de producción (output gap), y la del objetivo de saldo estructural a medio plazo (MTO por sus siglas en inglés), formalmente desaparecen de las nuevas reglas. Por otro lado, se sustenta en la aplicación a los incumplidores de unas sanciones más reducidas que las actuales (sanciones que, por cierto, nunca se han hecho efectivas), pero, potencialmente, con un coste reputacional (que se manifestaría en forma de posibles incrementos de la prima de riesgo) muy elevado. Y, por último, en el establecimiento del techo de gasto que se podrá financiar con recursos propios, techo que, según parece, no afectaría al gasto realizado en inversiones en sectores estratégicos, esto es, en inversiones vinculadas a la transición energética, a la revolución digital y, por desgracia es el signo de los tiempos, a la defensa.

Aunque las nuevas reglas fiscales supongan un paso adelante en la dirección correcta, siguen siendo, en mi opinión, claramente insuficientes para avanzar en el objetivo de construir una auténtica unión monetaria europea. Por eso, y adaptando al caso en cuestión la letra de una canción muy popular, la pregunta que creo procede formular es: ¿Y una política fiscal común para todos los países de la UE, ¿pa' cuando?