Nuevo estado de alarma

Sin embargo, el virus solo entiende un lenguaje: la reducción al mínimo de sus vías de propagación. Al ser el aéreo su principal medio de difusión, el correcto y general uso de las mascarillas homologadas, la higiene de manos y el mantenimiento de la distancia interpersonal resultan las únicas medidas preventivas realmente eficaces, más allá de una desinfección y ventilación generalizadas de todos los espacios donde pueden confluir grupos de personas. El caso es sencillo de interpretar: si el virus se extiende, es que no lo estamos haciendo bien. Y se necesita la solidaridad de todos, pues una minoría incumplidora puede mantener indefinidamente en expansión el virus haciendo estériles los esfuerzos preventivos de la mayoría. El llamamiento del presidente Sánchez, en su comparecencia del viernes, a la responsabilidad individual debe ser suscrito por todos los que se dirigen a la opinión pública.

La tardanza en decretar un nuevo estado de alarma se explica por el necesario respaldo parlamentario que hasta ahora no encontraba el caldo de cultivo político que pudiera justificarlo. La urgencia sanitaria ha allanado el camino para dar cobertura legal a que cada autonomía, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, aplique las regulaciones sanitarias más convenientes en su territorio. La experiencia ha demostrado que, en ocasiones de catástrofe o riesgo colectivo, la optimización de los trabajos de protección de la población puede requerir una renuncia momentánea a parte de las libertades, siempre que esa limitación tenga fechas, sea aprobada por el Parlamento, que representa al pueblo, y controlada en sus detalles por unos tribunales de justicia independientes.

Las presentes medidas de control se han anticipado en horas al segundo estado de alarma. En la medida en que los nuevos casos positivos y las hospitalizaciones reflejen la propagación del virus durante los últimos diez días, estamos ante cifras que podrían no descender significativamente en la semana entrante. Estamos ante la ocasión de corregir dos de los defectos mayores de la respuesta de España a la pandemia (respuesta que es, en rigor estadístico, de las peores del mundo): por un lado, el paso atrás dado en junio por el Gobierno de España a la hora de seguir liderando la respuesta al coronavirus, pasando el coste político a las autonomías y desordenando la estrategia de país; y por otro lado, que el estado autonómico se haya situado a veces en escala de valores por encima de la salud de los españoles, con unos conflictos absurdos, crispados y contraproducentes sobre competencias, y con unas instituciones jugando a desestabilizar a otras. Esa ha sido también una causa importante, junto con la relajación social, de esta segunda ola de covid-19. Los ciudadanos tenemos que acatar el llamamiento a la responsabilidad personal, pero los gobernantes tienen que dar ejemplo de la suya propia. La prudencia privada, sí; la pública, también.