El nuevo paradigma

La crisis económica provocada por el covid-19, cuando la anterior aún no ha sido superada en su totalidad, trae otras voces y otras propuestas. «Ya es hora de que las grandes corporaciones y los más ricos del país paguen su parte justa de los impuestos». «El gobierno acabará con los resquicios que permiten a los más ricos pagar muy por debajo de lo que deberían según sus ganancias».

Estas frases las ha pronunciado, no un político radical de izquierdas, sino el recién elegido presidente de EE UU Joe Biden. Y, lo más importante, vienen acompañadas con propuestas. Tres planes de inversión pública de seis billones de dólares. Acompañados de una elevación del tipo del impuesto de sociedades (del 21% al 28), además de la propuesta de un tipo mínimo a escala mundial del 15% (medida claramente dirigida contra los paraísos fiscales) y duplicando el tipo impositivo de las ganancias de capital.

En paralelo, el FMI, nada sospechoso de izquierdismo, plantea impuestos temporales que afectarían a las rentas más altas y a las compañías que han crecido durante la pandemia. La Unión Europea, por su parte, ha reaccionado ahora de manera muy distinta a como lo hizo en la Gran Depresión de 2008. De la austeridad hemos pasado a impulsar el gasto público, mediante el relajo de las reglas de déficit, ha puesto en marcha planes, como la financiación al desempleo a los países miembros, el plan de recuperación por 700.000 millones de euros, a la vez que insta a revisar los sistemas fiscales de los países que menos recaudan, como es el caso de España.

Estamos, pues, ante un nuevo paradigma económico al servicio de un proyecto socialdemócrata en estos momentos tan convulsos. Proyecto que ha de servir para traer un nuevo estado de bienestar, un nuevo contrato social y, con ello, más igualdad. El punto de partida ha de estar basado en la transformación de la economía mediante una adecuada utilización de los fondos europeos en torno a la digitalización, el cambio climático y el reto demográfico. Esa transformación aportará mas valor añadido al sistema económico, y con ello se podrá incrementar el gasto público para proteger a personas y empresas (con especial atención a sistema sanitario público), invertir en educación para dotar de habilidades a nuestros trabajadores que aumenten la productividad y mejoren sus oportunidades de mejor empleo y salario con lo que se consigue una mejor distribución del valor añadido creado en el sistema, e impulsar el gasto social.

De nuevo lo público tiene un papel relevante, aumentado su gasto, para paliar las consecuencias de la crisis y transformar la economía, lo cual incrementará el déficit y la deuda pública. Es por ello pertinente diseñar desde ya una senda de consolidación fiscal que permita sanear las cuentas públicas, cuando se consolide la recuperación económica, impidiendo trasladar toda la deuda a las futuras generaciones.

Ese saneamiento obliga a una renovación profunda del sistema fiscal de España, impulsado por las circunstancias si (es una exigencia de Europa), pero también es una necesidad acuciante largo tiempo postergada porque tenemos un sistema ineficiente e injusto en el reparto de la carga tributaria (cuestión esta que merece un capítulo aparte).

Los vientos de la política europea, de EE UU, del FMI y de otras instituciones soplan claramente en esa dirección: un impulso socialdemócrata a nivel global. España debe de aprovechar esta circunstancia. Si la derecha solo plantea la bajada de impuestos como la panacea que todo lo soluciona se quedará fuera de juego. Esta política tiene fecha de caducidad.

La izquierda socialdemócrata, por su parte, con el viento a favor, ha de encabezar este proceso, con una propuesta renovada, reformista, justa e inclusiva, siendo menos timorata y sacudiéndose, en este tema, un cierto complejo con el que lleva cuarenta años conviviendo.