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En una democracia solvente es necesario un gobierno creíble y eficiente en la gestión de los asuntos públicos, pero es igualmente necesaria una oposición responsable y con sentido de Estado que controle al Gobierno, que plantee propuestas y se manifieste comprometida con la democracia y ... sus instituciones. Es asumible que la oposición critique la acción del gobierno, pero no es aceptable poner en cuestión a la propia democracia deslegitimando al Gobierno, algo habitual en el discurso de sectores de la derecha española.
Para la democracia ha sido grave el espectáculo televisado del Partido Popular (de ello es responsable el propio PP) en los días posteriores al pasado 17 de febrero: ruedas de prensa cruzadas, dimisiones voluntarias y forzadas, denuncias de corrupción con nombres y cifras, acusaciones de investigaciones y espionajes... -con derrota del contradictorio Casado y victoria del casticismo de Ayuso-, dando la impresión de una absoluta falta de cordura, mientras en Castilla y León ese Partido Popular pactaba con VOX un gobierno de coalición que compromete su estrategia futura. Antes, sin entrar en los gobiernos, Vox, partido político contrario a la democracia liberal, ha colaborado a que el PP gobierne en Andalucía, Murcia y Madrid. Es peligroso contemporizar con determinados compañeros de viaje. ¿Cuál es el proyecto alternativo del PP frente a la extrema derecha?
El Partido Popular ha querido cerrar el espectáculo que él mismo provocó, con una puesta en escena donde nadie parecía recordar lo ocurrido días antes. Quedamos a la espera de ver si hay nuevos tiempos en la política española, si hay compromisos con la democracia y la gobernanza del país, si hay contenidos para evitar que la extrema derecha antisistema, excluyente, xenófoba y machista, sea la alternativa a la derecha política más convencional.
En los tiempos complejos y convulsos que vivimos, después de la pandemia, con una guerra en Europa y con todas las consecuencias y efectos que se han derivado hacia la economía y la sociedad, la ciudadanía demanda rigor, menos ruidos inútiles, seriedad, alejarse de los extremos y romper la polarización y demostrar con una diálogo ejemplarizante entre Gobierno y oposición, que se quieren recuperar consensos básicos sobre temas relevantes para compartir un proyecto de país. Los retos son tan complejos que no pueden tener solución con la única fórmula de bajar impuestos, fórmula que conlleva la descapitalización de los servicios públicos.
Nuestra proyección exterior, la renovación de organismos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial), la gestión de los Fondos Europeos, afrontar la crisis económica y social derivada de una desaceleración de la economía, cómo abordar el alza de los precios de la energía y de algunas materias primas que se traslada a productos y servicios con efectos nefastos en la inflación y en el ahorro de las familias, regenerar la democracia, corregir las tensiones territoriales que inciden negativamente en la cohesión de nuestro Estado autonómico, la fiscalidad y la financiación autonómica, son algunos de los temas que exigen esa recuperación de acuerdos sobre los intereses generales y no sobre las apetencias territoriales, aparcando las políticas tóxicas y los discursos simplistas que deterioran el debate público.
La mayoría de la ciudadanía prefiere posiciones políticas templadas, estabilidad institucional, respeto al adversario en el debate político, aspira a que nadie rentabilice los problemas y el malestar social derivado de los problemas económicos y quiere ver cómo gobierno y oposición defienden los interés generales, presentan proyectos políticos reconocibles y avanzan más allá de sus posiciones partidarias, sin que ello suponga abandonar preferencias ideológicas. Las situaciones excepcionales requieren respuestas contundentes y evitar la desunión, la crispación y las respuestas tan anodinas como destempladas. La Europa de posguerra se construyó, no sin tensiones, sobre consensos económicos y sociales entre la socialdemocracia y las derechas de inspiración conservadora, liberal y cristiano-demócrata.
Si los acuerdos no fueron posibles con Casado, una etapa inclinada a la crispación y el desconcierto, veremos qué ocurre con Feijoo y si sus nuevos portavoces cambian el tono y los objetivos. La nueva etapa se pondrá de manifiesto con la postura que adopte el PP en la votación en el Congreso para convalidar el Real Decreto-Ley 'Plan nacional de respuesta al impacto económico y social de la guerra', que prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, que tiene un evidente coste fiscal, y con unos objetivos y medidas que pretenden aliviar los problemas derivados de una situación histórica excepcional.
Es responsabilidad de los partidos políticos consolidar la estabilidad recuperando la confianza en la representación, como mecanismo de intermediación entre la sociedad civil y el Estado y, para ello, deben gestionar lo público haciendo creíbles sus discursos, propuestas y decisiones.
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