Nunca llueve a gusto de todos

El año en cuestión promete ser, y según el citado proyecto todo indica que será así, el gran año de la inversión pública en nuestro país, merced a la fuerte inyección de los fondos europeos. Todas las comunidades se frotaban las manos esperando el gran maná, pero, a la vista de lo que conocemos, no todas, ni mucho menos, parecen estar satisfechas con su parte del pastel. Esto, naturalmente, es comprensible, pues, en relación al año en curso, no sólo sucede que algunas comunidades mejorarán mucho más que otras (Galicia es la que más lo hará, con un aumento del 29,14%), sino que unas pocas (cinco) empeorarán en términos absolutos (Baleares es la que más sufrirá, con una caída del 14,53%); Cantabria, mejorará algo su situación (el aumento previsto es del 2,7%), pero bastante menos que la media nacional.

Si en lugar de referirnos a la variación prevista en la inversión pública por regiones entre este año y el próximo, prestamos atención a su montante global, veremos que, en 2022, Cataluña será la que perciba un volumen más elevado (2.431 millones), casi treinta y nueve veces más que La Rioja (que percibirá 63) o diez veces más que Cantabria (que recibirá 239). ¿Tienen sentido unas diferencias tan abultadas?

Aunque, a la vista de las cifras mencionadas, el malestar de muchas comunidades autónomas parece lógico, lo cierto es que, salvo por intereses partidistas, creo precipitado emitir un juicio sobre el particular al menos por tres razones. La primera es que prestar atención únicamente a lo que sucede en un año conlleva una visión demasiado cortoplacista, sobre todo en materia de inversión; la segunda es que una cosa es la inversión presupuestada y otra muy distinta la ejecutada; y la tercera es que, como en otros terrenos, el tamaño importa.

En efecto, si abrimos el foco y ampliamos el periodo cubierto en el análisis, los datos ofrecidos por la IGAE muestran un panorama algo distinto. Entre 2015 y 2020, la región para la que se ha presupuestado un mayor volumen de inversión pública es Andalucía (9.402 millones) y la que menos Navarra (458); para Cantabria se presupuestó un total de 1.452 millones.

Además, por desgracia para algunas comunidades, las diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado es, en ocasiones, enorme. Mientras que en los casos de Murcia y Madrid la inversión pública del Estado se ejecutó casi en un 100%, en el de Andalucía se quedó en el 64%, en Cantabria en el 46% y en País Vasco en el 41%. Estos niveles tan dispares de ejecución presupuestaria han supuesto que, de hecho, la región que más inversión pública ha recibido del Estado sea Madrid y la que menos Navarra. Esto ha implicado que, a la hora de la verdad, la inversión en Madrid fuese más de veintiséis veces mayor que en Navarra y casi diez veces superior a la de Cantabria. De nuevo ¿tienen sentido estas diferencias?

Es difícil responder a las preguntas formuladas, sobre todo si tomamos en consideración el tamaño de cada región y, además, no nos ponemos de acuerdo en cómo medirlo: ¿por la población, por la extensión superficial, por la dispersión demográfica, por la orografía, ...? Por ejemplo, si consideráramos a la población como el criterio más adecuado, sucedería que Cantabria, tanto en el proyecto de Presupuesto para 2022 como en los presupuestos del periodo 2015-2020, sería una de las regiones mejor paradas, algo que, sin embargo, cambia de forma bastante sustancial si consideramos la dispersión demográfica y las características físicas del terreno. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué sería más justo? Difícil, una vez más, dar una respuesta convincente a estas cuestiones. Tan difícil, que las comunidades autónomas ya se están enzarzando en una disputa sobre el particular, no sólo en relación con la distribución de la inversión pública estatal el próximo año sino, también, en lo que atañe al futuro sistema de financiación autonómica. Está claro, nunca llueve, ni lloverá, a gusto de todos.