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La ocupación de viviendas ajenas es una actividad delictiva que se ha cronificado en España y frente a la cual apenas se actúa. Cataluña es el foco inicial de un problema que causa graves conflictos sociales y que se ha extendido por toda España. Cantabria, ... en principio apenas afectada, asiste atónita a una creciente tendencia de ocupación de viviendas. Las noticias sobre nuevas casas asaltadas se convierten en habituales y se extiende una sensación de impotencia ante una disfunción que parece de fácil solución.
El problema de la ocupación -no quiero utilizar la letra K para sustituir la C porque nunca se debe adoptar el lenguaje del contrario- es un elemento más que contribuye a la desafección de una buena parte de los ciudadanos europeos respecto a los gobiernos y, en general, hacia la clase política. La falta de credibilidad de quienes tienen legítimamente el poder corroe los cimientos de la democracia y alienta a los movimientos extremistas, a derecha e izquierda. La aparición de partidos como Podemos o Vox es una de las consecuencias de una democracia incapaz de encontrar vías sensatas y lógicas para asentar unos principios éticos y morales mínimos.
La permisividad que existe con las personas que asaltan viviendas para instalarse a vivir en ellas es consecuencia de una legislación inadecuada y de la resistencia de los grupos políticos de extrema izquierda, con el apoyo de los socialistas, para legislar de manera nítida e impedir que se viole la propiedad. También la derecha tiene parte de responsabilidad porque no es capaz de llevar al parlamento español una propuesta legislativa clara y menos aún en los diferentes parlamentos autonómicos. Una ley que permita el desalojo inmediato de quien no presente escritura de propiedad o contrato de alquiler y que penalice a quienes falsifiquen contratos o títulos de propiedad.
Una de las objeciones que legítimamente se emplean para frenar una ley que permita el desalojo inmediato de quienes no demuestren ser arrendatarios o dueños, es que existen familias vulnerables y que, en esos casos, no es humanitario expulsarlas del lugar en el que viven. Para solventar esas situaciones extremas existen, en las administraciones autonómicas y municipales, servicios para ofrecer un hogar a las familias que carecen de medios para alquilar una vivienda. En programas sociales sobre vivienda se han invertido millones de euros y será necesario incrementar el esfuerzo, pero no es justo que se quiera paliar una deficiencia de lo público a costa de los propietarios de inmuebles.
Los municipios han construido viviendas, muchas, para atender estas necesidades y si hay déficit lo que se debe hacer es incrementar el número de pisos con renta social. Un argumento para justificar la ocupación es la carestía de los alquileres y la escasez de oferta. Desde gobiernos y ayuntamientos es viable edificar pisos y amortizarlos a largo plazo con un alquiler en el que no entre el factor especulación. También se debería controlar el uso que se hace los inmuebles que han sido adjudicados hace años para impedir realquileres u otras acciones que choquen con la esencia misma de los pisos sociales.
Una de las derivadas que más impacto tiene en la población es la conflictividad que se genera en el entorno de las viviendas ocupadas. La convivencia se degrada a gran velocidad y los vecinos padecen las consecuencias de una legislación incapaz de poner freno a un fenómeno que crece sin parar. La ley no considera que la entrada ilegal en una casa sea delito, sino que lo califica de usurpación y, por tanto, se inicia un periplo por el laberinto judicial que puede tardar un año o más en resolverse. Mientras, los vecinos soportan los destrozos que provocan algunos ocupas y se ven incluso amenazados.
Otro problema es el de los pisos que han pasado a manos de la banca, ahora la Sareb, el 'banco malo', ya que la propiedad no denuncia la ocupación y nadie interviene, mientras la convivencia ciudadana se deteriora.
Uno de los argumentos de quienes se niegan a modificar la legislación es que la ocupación es un problema menor, exacerbado por grupos de la derecha. Una medida sencilla para aclarar la situación es realizar un mapa de la ocupación en Cantabria y saber, con certeza, cuantas viviendas están afectadas y si la tendencia es creciente o a la baja. Ahora mismo, hay evidencias en más de diez municipios de que la ocupación ya se ha hecho presente.
La ocupación es un problema que afecta a la convivencia y, sea un asunto de mayor o menor incidencia, se debería legislar para detener la tendencia, proteger la propiedad privada y evitar conflictos vecinales.
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