A la intemperie

En el Gobierno de Cantabria difieren las consignas. Desde la liga anticomunista de urbanismo no han pensado dónde vamos a vivir ante la escasez de alquileres estables y el incremento desbocado de los precios, y –para perplejidad del respetable–proclaman con imperativa convicción que no se van a aplicar medidas para limitarlos. Una interpretación del derecho a la vivienda cercano a la caricatura. Mientras, por contra, la titular del departamento de Turismo advierte que para evitar situaciones insostenibles los ayuntamientos tendrán que limitar esta epidemia de pisos turísticos en sus planes urbanísticos y ordenanzas.

Tras el incendio de 1941 el centro de la ciudad se arrebató a sus vecinos para entregarle a una nueva burguesía local que emergió con el lucrativo negocio de la reconstrucción. Se expulsó a la periferia a sus habitantes, a las clases menos favorecidas, y el suelo sobre el que vivían pasó a manos de las familias bien relacionadas con las élites de la dictadura. Hasta los pescadores fueron exiliados al Barrio Pesquero y Puertochico cambió los barcos de pesca por los barcos de recreo. Ahora, ocho décadas después, volvemos a estorbar. La amenaza de otro proceso intensamente especulador puede consumar otra nueva expulsión de los vecinos hacia la intemperie.