Platos rotos

Quizá, según los casos, no haya que tener prejuicios. Pero sí precaución. La gestión de las ambulancias se adjudicó a la oferta privada más barata y, amén de problemas en el servicio, los empleados no han llegado a cobrar la primera nómina.

Las ventajas de algunas operaciones resultan confusas. El Gobierno de Cantabria va a construir 212 viviendas protegidas para alquiler. Para ello tenemos una empresa pública, Gesvican, que a su vez subcontratará a una empresa privada que las construirá con dinero público: 34 millones, 160.000 euros por piso. No es suficiente. Así que la empresa –la segunda parte de la parte contratante– pondrá 17 millones más de su bolsillo. A cambio, cobrará el alquiler de esos pisos durante 50 años, lo que resulta más lucrativo a largo plazo. La cuestión es que el casero será privado y, en caso de conflicto, en las próximas cinco décadas no se podrán pedir responsabilidades al Gobierno.

Pese a este bautismo eufemístico de colaboración público-privada a los trabajadores de Cantur no les ha gustado nada que se haya adjudicado –encima sin concurso– la gestión del hotel y dos cafeterías de Alto Campoo. Por ello protestaron a la entrada de la fiesta de la temporada de esquí, pagada con dinero público, organizada por el Gobierno.

En una reacción que provoca perplejidad el consejero de Turismo pidió perdón a los asistentes por si les habían incomodado los «actos violentos» de los manifestantes, que no rompieron ni un plato de los que van a privatizar en las cafeterías de Cantur.