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Los jóvenes cántabros y los extremeños son los que más tardan en independizarse por una evidente ecuación: tienen los salarios más bajos del país y los alquileres muy altos. Cantabria ha sido la comunidad donde más subieron los alquileres en el segundo trimestre del año. ... Precisamente este verano de precios desbocados fuimos noticia porque una señora de Miengo, en el frenesí del libre mercado, alquilaba una tienda de campaña en el jardín de su casa por 71 euros la noche. Quizá solo reproducía lo que nos han enseñado y que otros grandes propietarios practican de manera más refinada: para qué aplicar remilgos morales mientras haya alguien dispuesto a pagar por ello. Es el libre mercado en versión pura, sin intervención. El Gobierno de Cantabria apuesta también por ello. Sobre todo en la proliferación descontrolada de los pisos turísticos, cuya regulación lleva demasiado retraso y carece de ambición.
Así, cada vez hay menos pisos para alquileres fijos y más caros. Pero nuestras autoridades no van a tratar de solucionarlo: no hay que intervenir para templar el mercado inmobiliario –como hacen en otras ciudades europeas– porque enfocan la cuestión desde el punto de vista de los rentistas, y sus intereses están por delante de quienes no encuentran dónde vivir o no alcanzan a pagarlo.Aunque, en realidad, cuando deciden no poner freno a la especulación –seamos sinceros con el epíteto– también están interviniendo: utilizando dinero público para corregir los efectos del mercado construyendo pisos sociales y dando ayudas al alquiler. Nos cuesta dinero que otros ganen más de la cuenta. No obstante, también en eso son bastante cicateros. En esta legislatura se van a construir 285 viviendas de alquiler social. Para hacernos una idea de las dimensiones de la necesidad, en el último sorteo de viviendas protegidas de El Alisal se presentaron más de 7.000 solicitudes para menos de 300 viviendas. La tirita no cubre la herida. Pero nos distraen gritando que viene el lobo de los okupas. También convendría añadir otras variables. Como los 1.000 millones de euros en alquileres no declarados que acaba de detectar Hacienda.
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