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El veto del Gobierno a la opa sobre el 100% de Talgo lanzada por la empresa húngara Magyar Vagon hace descarrilar una operación que permitía al único fabricante español de trenes de alta velocidad satisfacer una necesidad perentoria: ampliar su capacidad de producción, ahogada por una cartera de pedidos de 4.200 millones de euros que tiene serias dificultades para entregar en los plazos comprometidos, lo que le expone a gravosas penalizaciones y amenaza su futuro. El Consejo de Ministros se amparó en la «protección de la seguridad nacional» y en el carácter «estratégico» de la compañía para rechazar una oferta que dependía de su autorización previa. Lo hizo al amparo del escudo antiopas aprobado durante la pandemia para blindar el control español de grupos de primer orden.
Con la contundencia y falta de diplomacia que le caracterizan, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había advertido de que haría «todo lo posible» para torpedear la iniciativa. Así ha sido. Son entendibles los recelos del Gobierno a permitir que un consorcio en el que se presume la influencia del primer ministro húngaro, Viktor Orbán –el principal aliado de Vladímir Putin en la UE–, se haga con una empresa que es un referente tecnológico mundial en su actividad y un emblema de la industria española. Aun cuando también hayan sido esgrimidas razones técnicas, las que han inclinado la balanza parecen de otra índole. De nada han servido las explicaciones de Magyar Vagon ni su propuesta para dar cabida en el capital a firmas españolas, incluso al Estado a través de la Sepi. Tampoco que la opa fuese apoyada por el núcleo duro de Talgo, cuyo principal accionista, el fondo Tritlantic, desea vender su participación desde hace años, lo que ha retrasado inversiones para disponer de más fábricas en un sector que funciona con licitaciones de gran volumen y en el que el tamaño es esencial para competir.
Frustrada la vía húngara en nombre de intereses por los que la Administración debe velar, la compañía precisa una alternativa urgente para ganar músculo financiero y crecer. El Ejecutivo ha buscado socios españoles, hasta ahora sin éxito, y no descarta una operación con presencia de capital público. El carácter estratégico de Talgo en el que se ha basado su veto le obliga a propiciar una fórmula que encarrile a la mayor brevedad el futuro de la empresa antes de que haya que lamentar males mayores.
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