La opaca transparencia

Los españoles asistimos a ese oxímoron en forma de opaca transparencia. Los gobernantes, en los diferentes niveles y en los distintos colores ideológicos, no presentan las cuentas para que los ciudadanos podamos auditarlas y determinar si las aprobamos o las rechazamos. Tras los torrentes oratorios en los diversos foros, apenas si nos llega sustancia. Vivimos en una sociedad conectada, con información abundante y en la que quienes manejan nuestras vidas ocultan elementos significativos para comprender lo que sucede.

Los ejemplos abundan. Se informa del acercamiento de presos etarras, muchos con delitos de sangre, a cárceles próximas a sus domicilios..., pero nada se sabe de si esos delincuentes han atendido al pago de las indemnizaciones impuestas por los tribunales. Existe un ocultamiento sistemático de esa parte de las sentencias, como si no tuviera importancia. De manera similar, ahora que se agitan las aguas de los indultos a los condenados por su intento de subvertir la Constitución y proclamar la independencia de Cataluña, se deja de lado la necesidad de que para el indulto exista arrepentimiento expreso, claro e inequívoco.

En el problema más importante del presente, la pandemia del covid-19, la opacidad ha sido el referente constante: Desde los iniciales desprecios por la gravedad del virus al fantasmal comité de expertos y ahora la oscuridad sobre el proceso de vacunación. La promesa de gestión transparente que suelen prodigar los partidos políticos en sus campañas electorales se incumple de manera reiterada. Los responsables de tomar medidas de gran calado eluden ofrecer públicamente los resultados de su gestión.

Los ejemplos abundan y en Cantabria tenemos algunos. Se oculta el fracaso de los ya incontables planes para resolver el problema de las viviendas afectadas por sentencias de derribo. El silencio persiste en torno al problema de los montes comunales. Pasan los años y todo sigue igual. La transparencia brilla por su ausencia ya que nadie explica por qué es imposible aprobar un plan de urbanismo en municipios de pequeño tamaño.

La extensión del covid-19 es también otra sima de sombras. Los responsables de la sanidad deberían ofrecer a diario no solamente los datos de contagiados y hospitalizados, sino también del número de vacunados y una proyección sobre cuando se alcanzará la inmunidad grupal si se mantiene esa velocidad de aplicación de la vacuna.

Los viejos proverbios tienen vigencia en este mundo tecnológico. Sostenían los clásicos que la mejor manera de ocultar un árbol es plantarlo en medio de un bosque. Ahora el truco sigue vigente: cuando se pretender oscurecer un hecho se recurre a una larga, tediosa y vacía explicación, de tal manera que se lanzan muchas palabras y conceptos para que quien recibe el mensaje no logre desentrañar el fondo del asunto.

La ausencia de claridad a la hora de presentar balance de la gestión tiene momentos clamorosos, como el hecho de que casi tras un año de peste (la palabra pandemia suena menos grave, pero la utilizada históricamente es peste) no exista una cifra real del número de fallecidos a causa del covid-19. La diferencia, de más de un treinta por ciento, entre el número de muertos en el año 2020 respecto del anterior es un hecho y si todos ellos no perdieron la vida por el covid-19 se presenta una incógnita aterradora: ¿A los españoles nos ha afectado otro virus aun desconocido? ¿Qué enfermedades se han multiplicado durante la pandemia para elevar de tal forma el número de víctimas?

En el inicio de la expansión del covid-19 se ocultaron los féretros para no causar un impacto en la opinión pública, ni el presidente del Gobierno ni los responsables políticos de la sanidad visitaron hospitales en un inconfesado intento de aminorar la gravedad de la situación. La ausencia de datos veraces, contrastados y puntuales ha sido una constante en estos últimos meses.

Los ejemplos que ilustran la carencia de información sobre múltiples iniciativas son numerosos. La rendición de cuentas es una de las primeras obligaciones de los gobernantes y sin balance claro y preciso el sistema democrático no puede funcionar de manera adecuada. Los españoles tenemos el derecho a saber que hacen nuestros representantes con nuestros votos.