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No conozco a nadie que esté en contra de las energías renovables. Conozco a muchas personas que, además de estar a favor de ellas, quieren que se proyecten atendiendo a razones ambientales, culturales, económicas, sociales, urbanísticas, paisajísticas, administrativas, legales o de salud. El debate ... no está entre energías más limpias sí o no, sino en cuál es la mejor forma de que éstas cumplan su cometido en un marco mucho más amplio. Un marco que, en el caso de Cantabria, adolece de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que diga dónde se pueden construir viviendas, qué suelos fértiles deben destinarse exclusivamente a cultivos y servicios ambientales, qué espacios degradados se ocupan para proyectos industriales o qué superficies son susceptibles de acoger parques eólicos. Un PROT que la Ley del Suelo de 2001 vigente (aunque con visos de renovarse a peor liberalizando los terrenos rústicos para construir en cualquier sitio) dice que debería haberse aprobado hace 20 años y cuyo borrador acumula polvo en un cajón, a pesar de que, en el caso de los molinos, sí señala en el mapa de Cantabria los lugares más óptimos para su ubicación. Precisamente, el parque eólico Garma Blanca, previsto en Miera, Arredondo, Riotuerto, Entrambasaguas y Solórzano, se pretende construir en un lugar no incluido en dicho plan.
Si Cantabria está a la cola en energía renovable y de la descarbonización no es por las personas y colectivos que señalan la necesaria ordenación del territorio para evitar parches y más tiempo de retraso. ¿O acaso es culpa de mis vecinos de Alisas, Ideopuerta o Moncobe que no quieren los molinos a la puerta de casa? Invertir la carga de la responsabilidad sobre quienes subrayan el trabajo no hecho en lugar de sobre quienes, habiendo podido llevarlo a cabo, no han actuado es ilógico e injusto. ¿Queremos una transición energética y dejar atrás los recursos fósiles? Claro. Hagámoslo posible. Saquen, quienes tienen la potestad para ello, el PROT del cajón, desarrollen un plan eólico con su correspondiente evaluación ambiental para que no sea anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (y ratificado por el Supremo), como ocurrió hace casi una década, renueven el Plan de Sostenibilidad Energética (2014-2020) caducado o tramiten la Estrategia de Economía Circular anunciada hace casi dos años y de la que no hemos visto ni un borrador. Para hablar de futuro hay que trabajar el presente con un enfoque amplio, consensuado y participado de largo recorrido y no con la visión parcial, cortoplacista e improvisada de quien al día siguiente de las elecciones ya está pensando en las siguientes.
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