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En el ocaso de enero, el Gobierno, cual moderno Prometeo, urdió un Real Decreto-ley, denominado Ómnibus por su variedad de asuntos, bajo el manto de la premura, desplegando medidas de hondo calado. Entre ellas, la revalorización de las pensiones públicas, en un 2,8%. ... Tal acción, noble en su intento, busca escudar a los jubilados de las garras de la inflación, ese monstruo que devora los ahorros y enflaquece los bolsillos. No menos destacable fue la restitución de las ayudas al transporte público, otorgando gratuidad a los servicios de Cercanías, Media Distancia y autobuses de titularidad estatal hasta junio. El decreto extendió la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin techo alternativo, y garantizó el suministro de agua y energía hasta el último día de diciembre.
Con ello, se busca amparar a los más desvalidos, aquellos que la fortuna ha olvidado en su reparto de favores. Estas medidas, aunque temporales, pretenden aliviar las cargas de los ciudadanos en sus trajines cotidianos, como si de un bálsamo se tratara.
Pero, ¡oh paradoja!, en el trasfondo de este decreto, se vislumbra un acuerdo con Junts per Catalunya, que incluye la tramitación de una cuestión de confianza en el Congreso. Este movimiento, astuto y calculado, revela las intrincadas alianzas que sostienen el frágil equilibrio del tablero político, donde cada pieza se mueve con miras a su propio beneficio.
En suma, este Real Decreto-ley, aunque cargado de medidas loables, no deja de ser un reflejo de las luces y sombras de la política contemporánea, donde la nobleza y el interés se entrelazan en un baile perpetuo, y donde cada gesto, por altruista que parezca, esconde un cálculo tras bambalinas. Así es el arte de gobernar, un juego de espejos donde nada es lo que parece.
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Ana del Castillo
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