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Pacto de rentas, ya
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ANÁLISIS ·
Un acuerdo de este tipo no sólo elevaría el consumo, sino que ayudaría a reducir las tensiones inflacionistasTal y como manifestaba recientemente en esta misma sección, 2022 se ha cerrado, desde la óptica del mercado laboral, con unos datos muy positivos, difíciles ... de imaginar a mediados de año: se crearon casi medio millón de empleos nuevos a lo largo del mismo, se alcanzó el máximo nivel de afiliación a la Seguridad Social desde que estallara la crisis financiera, y el paro registrado anotó su cota más baja desde 2009.
Aun así, esto es, pese al logro de unos resultados tan positivos, el mercado de trabajo español no termina de funcionar como debiera, y no sólo porque continúa siendo un poco la oveja negra de los mercados de trabajo europeos sino, también, porque mantiene a una buena parte de sus miembros en una situación de precariedad salarial que, al menos en los dos últimos años, se ha hecho más que evidente. Como subrayaba un medio nacional hace pocos días, «la historia reciente de los pensionistas y los asalariados, ya sea del sector público o privado, está marcada por la pérdida de poder adquisitivo».
Esta pérdida de poder adquisitivo se produce, naturalmente, porque pensiones y salarios crecieron menos que el IPC; fijándonos en el año recién terminado, las cifras oficiales nos dicen que las primeras crecieron, en promedio, un 2,5%, los sueldos en el sector privado un 2,7%, los salarios en el sector público un 3,5%, y la inflación un 8,4%. Esto es, los tres colectivos vieron muy deteriorada su capacidad de compra, pero sobre todo los pensionistas, para quienes la diferencia ha sido de casi seis puntos porcentuales. Si tenemos en cuenta que estos sobrepasan la cifra de nueve millones y que los asalariados superan los quince, tenemos que más de veinticuatro millones de personas, por encima del 50% de la población española, se han visto afectadas por esta pérdida de poder adquisitivo.
De entre las múltiples consecuencias de esta negativa evolución hay dos que destacan sobremanera. Una de ellas tiene que ver con una mayor desigualdad y polarización en la distribución de la renta; en efecto, puesto que el PIB real aumentó a lo largo de 2022 y, simultáneamente, más de la mitad de la población vio disminuida su capacidad adquisitiva, se colige que al menos una parte del 50% restante experimentó alguna mejoría, lo que, como he subrayado en múltiples ocasiones, da alas a todo tipo de malestar social que, de una forma u otra, siempre aprovechan los populistas. La segunda consecuencia negativa tiene que ver con la disminución del consumo y, por ende, de la demanda agregada y el crecimiento económico. En este respecto, hay que reconocerlo, hay dos elementos que han contribuido en el pasado reciente, y se espera que continúen en el futuro inmediato, a mitigar la caída del consumo; por un lado, que había (y sigue habiendo) una parte de consumo embalsado durante la pandemia que está encontrando salida vía reducción de los ahorros; y, por otra, que el aumento de las pensiones del 8,5% pactado ya para este nuevo año hará que los más de nueve millones de pensionistas se resarzan del golpe asestado en 2022 y 2021.
Sea como fuere, luchar contra una deriva como la de pérdida de poder adquisitivo de una parte muy sustancial de la población no es, en ningún caso, tarea sencilla, pero mucho menos si los principales colectivos implicados (sindicatos, patronal y Gobierno) no hacen los esfuerzos necesarios para llegar a un pacto de rentas que garantice que la carga del ajuste inflacionario se distribuya equitativamente entre trabajo y capital. Este pacto debería implicar que, en un plazo razonable de tiempo, los trabajadores no sólo recuperaran su poder adquisitivo sino, también, que vieran resarcidas las pérdidas sufridas en la actualidad; por otro lado, el pacto debería respetar los márgenes razonables de los pequeños y medianos empresarios, al tiempo que debería arbitrar fórmulas que contribuyeran a rebajar los «beneficios extraordinarios» de, sobre todo, grandes empresas que, aunque lo nieguen, están haciendo su agosto en estos tiempos de crisis.
Un pacto de rentas como el mencionado no sólo mejoraría la distribución de la renta y elevaría el consumo, sino que, además, contribuiría, a través de la moderación reivindicativa de empresarios y trabajadores, a reducir las tensiones inflacionistas y, en consecuencia, a mejorar las expectativas de todos. Se trata de un pacto en el que todas las partes implicadas saldrían beneficiadas, excepto, claro está, quienes están sacando más partido del desbarajuste actual. ¿Es esto tan complicado de ver?
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Ana del Castillo
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