Pasado y futuro de la monarquía

La realidad no pudo ser más distinta; en 1978 se constituyó España en un Estado Social de Derecho con una Jefatura de Estado monárquica, una democracia a la par de las existentes en el contexto de la democracia liberal occidental donde un gran número de ellas eran y son también monarquías, y a la que el rey Juan Carlos contribuyó como un potente caballo de Troya, que ya estaba dentro de los muros de la dictadura, permitiendo su derrumbe sin demasiado estrépito. Se llegó a lo que de antiguo se llamó república coronada o monarquía republicana, queriendo señalar que la 'res publica' era lo que definía el sistema político y que el rey, como así era, quedaba únicamente en la Jefatura del Estado, que igual que en el caso de las repúblicas parlamentarias, tenía la función de moderar y arbitrar el funcionamiento de las instituciones, para lo que estaba especialmente diseñada y por eso se sostuvo en las democracias liberales, al ser la única institución que no depende de un partido político para su elección. A cambio, el Jefe de Estado monárquico, dado su carácter de permanencia y heredad, tiene más exigencias de comportamiento que el republicano, pues no es intercambiable.

En nuestra historia contemporánea, en los dos últimos siglos, se produjeron diversas abdicaciones, normalmente en el exilio, exceptuando a Amadeo que se fue voluntariamente: Isabel II abdicó en París, y Alfonso XIII lo hizo en Roma ya a punto de morir, y lo hizo en su hijo don Juan, que nunca llegó a reinar pero que también cedió los derechos dinásticos a su hijo el ya rey Juan Carlos I. Éste abdicó a su vez en su hijo Felipe VI en 2014, pero en este caso en plena vigencia de la monarquía; y es que la monarquía tiene la debilidad de su propia esencia, de modo que si se produce un mal funcionamiento sólo quedan dos salidas, la abdicación o la sustitución de la propia institución.

Es cierto que cualquier acto impropio o corrupción, sea una monarquía o una república, la institución sale dañada, pero esta última no parece tan afectada por los actos personales porque las personas se cambian a través de la elección. En nuestro caso también ha sido cambiada la persona, y el actual rey, Felipe VI, se desvinculó de la herencia posible y todo lo relacionado con el fruto de la hipotética corrupción, alejando a su padre del centro de poder y retirando la asignación que recibía el rey emérito de la Casa Real. Queda pendiente el propio título de 'rey emérito' a expensas de que los hechos puedan comprobarse y darles el tratamiento y respuesta adecuada y justa.

Pero este alejamiento que se ha traducido en la marcha de España de don Juan Carlos, ha resultado impactante en muchos ámbitos porque parece difícil imaginarse esa situación en términos comparativos, como por ejemplo a la reina Isabel fuera de Inglaterra. Bien es verdad que Juan Carlos I ya no es rey de España, pero aun así, pensando en el funcionamiento normal de un Estado de Derecho y el tratamiento de cualquier ciudadano ante la Justicia en el caso de estar pendiente de alguna actuación, como se considera en la opinión pública que debe estar el rey emérito, el primer paso es impedir la salida del país. Bien es verdad que Juan Carlos I no es un ciudadano anónimo y ya dejó establecido que está a disposición de la Justicia, así es que, en este sentido, bien puede entenderse lo que dice en su carta de intento de alejarse del centro del poder y de atención para facilitar la gestión de este enrevesado y no previsto asunto al Rey, pero también a las fuerzas políticas.

Ante la dificultosa organización de una residencia alternativa con todo lo que ella conlleva en un personaje como el exrey, en cuanto a protección, servicio de la casa, etc., quizá pueda entenderse esta solución rápida del alejamiento del país, al menos mientras no se le reclame para la aclaración de los asuntos pendientes, y quizás con la esperanza de que se vaya olvidando la tormenta levantada que tiene dimensiones históricas, pero que, sobre todo, ha de tener consecuencias en la mejora de la cultura política monárquica de todos los actores del sistema, pues esta situación no se habría producido de haberse tenido presente la sutileza de la institución en el sistema constitucional y la necesaria preservación de sus actos, por mucho que sea tentador la utilización de sus múltiples contactos para la gestión eficaz de asuntos más o menos de interés del país.