Pasaportes víricos

Dos. Sabido es que algunos tribunales superiores de justicia -vía autorización/ratificación de la oportuna medida sanitaria, vía recurso contencioso administrativo- han rechazado la meritada exigencia, al socaire de variados argumentos, que van desde la salvaguarda de la intimidad personal a la protección de los datos personales. Un rechazo que, naturalmente, queda a expensas de lo que en casación pueda decidir al respecto el Tribunal Supremo.

En tanto no recaiga un pronunciamiento de este último en relación a la decisión judicial en su caso impugnada, la controvertida exigencia de exhibición y acreditación del referido pasaporte vírico queda provisionalmente en suspenso, pues, carente de eficacia, deviene la medida sanitaria autonómica de que se trata.

Tres. Razone el lector: si la vacuna anticovid no es obligatoria en nuestro territorio -y respecto de este extremo pocas dudas cabe albergar-, ¿qué base jurídica tiene la exigencia de exhibición o acreditación del referido pasaporte? Más, con independencia de esta cuestión que a los más podrá parecer disquisición de leguleyos y rábulas, ¿en qué posición se coloca a los titulares de los locales y establecimientos privados llamados, por imperativo gubernamental, a exigir a sus potenciales clientes la exhibición o acreditación del oportuno 'santo y seña' antes de franquear la frontera correspondiente y poder acceder a la degustación, al disfrute de las prendas ofrecidas por aquellos?

Cuatro. Decida el lector sensato, no sin antes quedar advertido de que, así como el cierre de los interiores únicamente afecta a la libertad de empresa -derecho fundamental, aun cuando aquella afección no precise de la oportuna autorización/ratificación judicial-, en el caso de la exhibición o acreditación del pasaporte covid sí están implicados de manera inconcusa derechos fundamentales 'stricto sensu': intimidad personal, protección de datos personales... incluso la misma libertad personal.

Decida el lector, como decía antes, si es o no pertinente que por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se otorgue el oportuno aval -ya por la vía de la denegación de la, en su caso, solicitud de suspensión de la eficacia de la medida sanitaria, ya que parece lo procedente, otorgamiento de la autorización/ratificación oportuna-. Mi opinión al respecto puede, sin excesiva dificultad, colegirla el lector.