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Contemplo asombrada cómo las queridas y maravillosas playas urbanas de Santander se han convertido en la 'patata caliente' del Gobierno de Sánchez y su delegada en Cantabria, Ainoa Quiñones. Oigan, que parece que les queman como la arena de Huelva en pleno agosto de ... ola de calor. Que no son suyas, dicen, que no les corresponde su mantenimiento, que paguen los santanderinos. Y tan panchos.
En el Ayuntamiento de Santander tenemos muy claro cuáles son nuestras competencias y cuáles no, según establece la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas. La norma es clara y en su artículo 111 deja claro que son competencia de la Administración del Estado «las obras de creación, regeneración y recuperación de playas» mientras que, en el artículo 115, se dice que corresponde a los ayuntamientos mantenerlas «en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad».
Algo que parece fácil sobre el papel se ha convertido en una tarea titánica a la hora de reivindicar. Porque, además de las reuniones entre administraciones, han sido más de una decena de cartas las que se han enviado desde el Ayuntamiento al Ministerio, a la Demarcación de Costas y a la delegada del Gobierno solicitando la regeneración y recuperación de las playas de la ciudad que garanticen el uso en condiciones de seguridad para los santanderinos y visitantes.
La respuesta -y permítanme que utilice un símil futbolístico que todos los lectores entenderán-: balones fuera. Y así estamos en pleno agosto y sin que el Gobierno de la nación ni su representante en Cantabria se inmuten ni se sonrojen ante el lamentado estado de los arenales santanderinos.
Pero no se engañen, aquí la cuestión está muy clara. Ni al Ejecutivo de Sánchez, ni a Ainoa Quiñones, ni al diputado Pedro Casares -por cierto, ambos ex concejales del Ayuntamiento de Santander- les importa un ápice si hay arena o no en las playas. Lo que les preocupa es el coste que supone regenerarlas, sí, los rellenos, y prefieren mirar para otro lado e ignorar incluso tres mociones plenarias aprobadas por todos los grupos excepto el PSOE antes de pedir a su Gobierno que deje de maltratar a los santanderinos y se implique de forma decidida en el cuidado de los arenales de la capital cántabra.
Claro que lo que dejan caer es que debe ser el Ayuntamiento quien se encargue de ello. ¿Pero no se han leído la Ley? Y es más, cuando el Consistorio procedió a un pequeño movimiento de arena para evitar el posible riesgo para los ciudadanos en la playa nos multaron. ¿Pero en qué quedamos? Nos quieren cargar la culpa del mal estado de los arenales y encima si hacemos algo para arreglarlo nos sancionan. ¿Cuál es la lógica de este sinsentido?
¿La encuentran? Les pongo más ejemplos. Responden con agilidad cuando se trata de transferir el edificio ruinoso de La Horadada al Ayuntamiento -que iban a demoler sin licencia-, para que sean los santanderinos los que paguen con sus impuestos el arreglo del edificio, pero para ceder el Rema quieren que nuevamente los ciudadanos de Santander pasen por caja, lo mismo que con La Remonta.
Ante tamaños hechos, desde el Ayuntamiento de Santander volvemos a defender nuevamente a los santanderinos, que no deben, ni tienen que pagar lo que le corresponde al Estado. Está claro que, proporcionalmente, nuestros 172.000 ciudadanos deberían afrontar un coste mucho mayor que la cifra que correspondería a los 47 millones de españoles, entre los que nos incluimos, lógicamente, pero es que además estamos hablando de un espacio que no es municipal, como son las playas, y me remito de nuevo a la Ley.
Y es que, además, existen evidencias en el pasado, dado que, en cumplimiento de la norma, y tal y como es su obligación y responsabilidad, hasta el año 2018 y con el PP en el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente se encargó tanto de los rellenos como incluso de las obras de mejora de los accesos a la playa de la Virgen del Mar.
El Ejecutivo cumplió con su obligación y responsabilidad, tal y como marca la norma, hasta que llegó el PSOE al poder, por lo que, a partir de 2019 nos hemos encontrado con una situación de maltrato, inacción, dejación de responsabilidades e incumplimiento de la Ley por parte de Sánchez y sus representantes regionales y nacionales.
Por lo tanto, por mucho que intenten tergiversar la realidad, los santanderinos sabemos de quién es la responsabilidad y vamos a seguir reivindicando al Gobierno central que cumpla con su obligación hasta que tengamos las playas que nos merecemos y podamos disfrutarlas todo el año.
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