Pensando en los resultados

Somos herederos del Cádiz de 1912, de la República de 1931, de las Constituyentes de 1978 y convendría que esa herencia la gestionaran hoy el PSOE y el PP, como responsables de los espacios ideológicos de la derecha y la izquierda, y que a ese compromiso se sumaran otras fuerzas políticas que no solo defiendan territorios o identidades excluyentes.

Las últimas elecciones generales no han sido totalmente favorables para el PSOE, que ha perdido escaños, votos y la mayoría en el Senado, pero ha ganado las elecciones y eso le da la oportunidad para encabezar un nuevo gobierno, y como no puede hacerlo en solitario deberá hacerlo con pactos cuyos contenidos se han de conocer, deben preservar la lealtad institucional, enunciar los desacuerdos y que no excluyan la posibilidad de apoyos de otras fuerzas políticas. «Busca a tu complementario que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario», escribió Antonio Machado.

Si se llega a un Gobierno de coalición PSOE-Podemos (idea que acepto, pero no me entusiasma), con el apoyo de heterogéneos grupos territoriales, los partidos de esa coalición gubernamental debieran estar abiertos a pactos de Estado con el Partido Popular que, a su vez, deberá aceptar la necesidad de esos pactos. Importa desbloquear la investidura y formar gobierno, pero la prueba de fuego real será transitar por la legislatura.

Tengo para mí, como desafíos más urgentes: el evitar la expansión de las ideas de la extrema derecha, encauzar la solución del problema catalán y afrontar la ralentización de la economía, con el paro como problema. La estabilidad gubernamental y los desafíos, requieren mayorías parlamentarias, pactos políticos y acuerdos con los agentes sociales.

El tiempo ha demostrado que la suma que hizo posible la moción de censura es una fórmula difícil de mantener en el tiempo; no aguantó la prueba de aprobar unos presupuestos. Los últimos resultados electorales no han aumentado las posibilidades de una gobernabilidad estable, pero en esos resultados reside la voluntad popular y sobre ella debe armarse el nuevo gobierno. El día a día en el Parlamento no va ser fácil con un PP temeroso por una extrema derecha con 50 escaños, con un minoritario grupo que un día jugó a ser liberal y abandonó sus buenas ideas en la Plaza de Colón y con un grupo de escaños de obediencia secesionista o claramente antisistema, léase Bildu, CUP y demás compañeros disolventes.

No se entiende bien, salvo que se explique por el miedo al ascenso de Vox, que los dirigentes del PP declaren incompatibles sus políticas con las del PSOE, que ha ganado las elecciones. Y no se comprende que la dirección del PSOE no impulse pactos de Estado con el PP. Ello no debe traducirse necesariamente en la llamada gran coalición, sino en acuerdos abiertos y transversales, aun con un gobierno PSOE-Podemos. Y nadie se explica que lo que queda de Ciudadanos se mantenga en los errores que lo pueden abocar a su desaparición. Cuando en política no hay diálogo y negociación, todo es muy complicado. Los votantes españoles pueden haber aparcado el bipartidismo, pero no han abrazado las políticas de bloqueo frente a la gobernabilidad. En las últimas cuatro elecciones el electorado ha mantenido la estabilidad de los dos grandes bloques ideológicos. Aun con la aparición de los nuevos partidos, el comportamiento electoral ha sido muy similar, repartiendo sus apoyos entre un 43% y un 47% a cada bloque ideológico con escasas variaciones. Y un porcentaje, en torno a un 12% o un 14%, vota a opciones políticas que no forman parte exactamente de esos dos bloques y son los votos de los nacionalismos catalán y vasco, algo del nacionalismo gallego y del regionalismo de escasa base ideológica de diferentes latitudes.

La fórmula que hoy se consideraría más sólida y que necesitaría menos partidos sería la suma de PSOE y PP, pero para ello debieran coincidir en un programa reformista abierto a otros apoyos parlamentarios, que hoy no parece fácil de lograr. La fórmula tendría algunos riesgos añadidos, porque de los gobiernos de coalición, se suelen aprovechar los extremos que capitalizan con facilidad los descontentos desde políticas de brocha gorda.

Las tensiones entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central no van a desaparecer de la noche a la mañana y, para corregir esas tensiones, será necesario compartir la lealtad constitucional, similar a la lealtad federal prevista en la Constitución alemana.

Las exigencias de ERC en el voto de investidura deberán encajar en el marco constitucional. No sería aceptable otra salida. Y el PP, desde la oposición, deberá contribuir a la gobernabilidad. Es grave que el desafío secesionista haya ocupado el debate electoral, y lo que resulta difícil, es asimilar que para gobernar haya que recibir apoyos de un partido independentista cuyo líder está en prisión condenado por sedición.